Protesta en exteriores de la Asamblea Legislativa. Foto: Cortesía de los organizadores
Más de 60 organizaciones ambientales, colectivos ciudadanos, pueblos indígenas y centros de rescate de fauna articularon ayer, martes, una jornada de triple acción de protesta contra la fusión del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) y la designación de Óscar Mario Justiniano Pinto como ministro. El bloque declaró Estado de Emergencia Nacional al asegurar que ambas decisiones representan un grave retroceso y vulneran el Principio de No Regresión Ambiental.
Justiniano, que presidió al sector agropecuario de Santa Cruz, en principio fue nombrado ministro de Medio Ambiente, pero luego se quedó con la cartera de Desarrollo Productivo y las funciones de medio ambiente pasaron a depender de ministro de Planificación, Fernando Romero, otro agroindustrial cruceño.
El movimiento activó tres vías de presión:
- Institucional: la entrega de una Carta Nacional Urgente dirigida al presidente Rodrigo Paz Pereira.
- Legal: la presentación de un Recurso Revocatorio firmado por más de 15 organizaciones contra el decreto presidencial que designa a Justiniano.
- Social: una acción pacífica performática ambiental, realizada en espacios públicos, para visibilizar el rechazo a las recientes medidas gubernamentales.
Denuncian violación a derechos ambientales
Las organizaciones advierten que la fusión ministerial y la designación de Justiniano vulneran el derecho constitucional a un medio ambiente sano y debilitan la institucionalidad encargada de proteger los bosques, el agua y la biodiversidad. El movimiento sostiene que estas decisiones se dan en un momento crítico, marcado por la crisis hídrica, alimentaria, sanitaria y económica que vive el país, todas agravadas —señalan— por la degradación ambiental y el extractivismo.
Respecto a Justiniano, ex presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), las organizaciones observan un “manifiesto conflicto de intereses” debido a su cercanía con el sector agroindustrial y forestal. Citan, además, que la Relatoría Especial de la CIDH responsabilizó en 2024 a las “condiciones estructurales generadas por la expansión ganadera y sojera” por la magnitud histórica de los incendios en Bolivia.
“Nombrar a Justiniano, representante de este sector, es inaceptable y una afrenta al mandato constitucional de protección de la Madre Tierra”, señaló el movimiento.
Demandas centrales al Gobierno
Las plataformas ambientales exigieron al Ejecutivo “resguardar el interés público” y detener el “debilitamiento institucional del MMAyA”. Entre sus principales demandas destacan:
- Destitución inmediata de Óscar Mario Justiniano.
- Restitución de la autonomía institucional, técnica y presupuestaria del MMAyA.
- Auditoría independiente a la gestión ambiental 2020–2025, incluyendo a ABT, SERNAP, INRA y AAPS (Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico).
- Cumplimiento estricto de las resoluciones del Tribunal Agroambiental 003/2025 y 001/2025.
- Entrega inmediata de un instrumento procesal al Tribunal Agroambiental, cuya ausencia —afirman— afecta la justicia ambiental en Bolivia.
- Convocatoria a una Mesa de Diálogo Multisectorial, pública y vinculante.
Las organizaciones advirtieron que la movilización del martes es apenas el inicio de una lucha sostenida en defensa del agua, los bosques y los territorios.
“Invitamos a todas las organizaciones ambientales y a la sociedad civil a sumarse a este pedido por la vida, nuestra agua, nuestros humedales, nuestros bosques y nuestro futuro”, expresaron representantes del movimiento.
Recursos de revocatoria contra Justiniao
La organización Justicia Ambiental presentó un recurso de revocatoria para exigir la destitución del ministro Justiniano, argumentando un “claro conflicto de intereses” vinculado a sus relaciones empresariales con el sector agroindustrial y forestal. Así lo informó Rodrigo Herrera, director de la entidad, en una entrevista con la Revista En Directo de Radio Pío XII de Cochabamba.
Herrera explicó que el recurso se basa en el artículo 236 de la Constitución Política del Estado, que prohíbe ejercer función pública cuando existan intereses económicos o vínculos que puedan interferir con la labor estatal. “Ningún funcionario público debería tener vínculos laborales, económicos o haber gestionado permisos ante la misma cartera que ahora dirige”, afirmó.
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