El jefe de la delegación diplomática de la Unión Europea en su despacho, ubicado en la zona Sur de La Paz.
Por: Patricia Cusicanqui
Multimedia: Yenny Escalante
Tras la reciente difusión del Informe Enfoque País Bolivia 2026 —el cual advierte de un deterioro del entorno habilitante en Bolivia y en las condiciones normativas y operativas para las organizaciones de la sociedad civil—, Sumando Voces conversó al respecto con el embajador de la Unión Europea en Bolivia, Jaume Segura. El estudio fue financiado por la Unión Europea en más de 80 países y la institución recalca que el diagnóstico responde a la mirada técnica de la propia sociedad civil, pero en esta charla, el jefe de la delegación diplomática comparte la lectura del bloque europeo frente a estos hallazgos y su visión sobre el rol de la sociedad civil boliviana.
El encuentro se llevó a cabo este miércoles 4 de noviembre en las oficinas de la Unión Europea en la ciudad de La Paz. En un diálogo franco, el diplomático abordó la necesidad de evitar la estigmatización del trabajo de la sociedad civil, el valor de la crítica constructiva para el fortalecimiento del Estado de derecho y la importancia de consolidar puentes de cooperación entre el Estado, la cooperación, el sector privado y las organizaciones sociales.
— Nos interesa conversar con usted acerca del apoyo que brinda la Unión Europea (UE) para la elaboración del informe de entorno habilitante en 86 países del mundo, entre ellos Bolivia. Empecemos explicando qué es un entorno habilitante y por qué es importante para la Unión Europea apoyar la elaboración de este tipo de informes en relación con el trabajo de la sociedad civil, en general, y en particular en el caso boliviano.
— Bien, para hablar de ello hay que empezar recordando los principios fundacionales de la Unión Europea. La Unión Europea es un proyecto de paz, un proyecto en el que sus miembros son Estados democráticos, con vigencia del Estado de derecho, que respetan los derechos humanos y las libertades fundamentales de sus ciudadanos.
Eso está en nuestra base fundacional y es lo que uniforma nuestra política exterior en todo el mundo. Por tanto, lo que buscamos con nuestros socios es apoyar el fortalecimiento del Estado de derecho, el fortalecimiento de las democracias, el respeto de los derechos humanos. Y para que exista una verdadera democracia y un verdadero Estado de derecho tiene que haber una sociedad civil fuerte, una sociedad civil crítica en el buen sentido de la palabra. Una sociedad civil que actúe como vigilante del poder público, pero que también tenga un diálogo con el poder público y con el resto de los interlocutores de cualquier sociedad democrática.
Por tanto, como usted dijo, la Unión Europea apoya este proyecto en 86 países del mundo para que se estudie cuál es el entorno habilitante, es decir el contexto en el que actúa y desarrolla sus actividades la sociedad civil.
Hay que aclarar que el informe no es una opinión de la Unión Europea. Nosotros financiamos la realización del informe que luego nos sirve para entender qué es lo que está pasando en cada uno de esos países. Por eso, es importante, porque nosotros creemos que tiene que haber una sociedad civil fuerte, una sociedad civil estructurada, una sociedad civil organizada que contribuya a que la democracia sea cada vez más fuerte y más inclusiva.
— Precisamente para entender lo que sucede, el informe de este año ha identificado un deterioro en el entorno habilitante para las organizaciones de la sociedad civil en Bolivia. ¿Cuál es, desde la perspectiva de la Unión Europea, la principal señal de alerta que deja este diagnóstico y cómo se puede garantizar la libertad de asociación de las organizaciones de la sociedad civil en el país? ¿A qué y cómo contribuye tener una sociedad civil fortalecida para el desarrollo sostenible y la democracia de una nación?
— Quisiera volver a insistir en que el informe no es de la Unión Europea. No es que la Unión Europea opine esto, sino que nosotros financiamos a un conjunto de organizaciones que elaboran el informe. Y, efectivamente, este informe habla de un cierto deterioro en el entorno habilitante en algunos aspectos. Yo diría que eso es preocupante y que no contribuye a lo que estamos buscando: una sociedad civil bien estructurada, que sostenga un diálogo continuo con los poderes públicos, con el sector privado, la cooperación internacional y con cualquier actor importante en el país.
Nosotros trabajamos mucho con la sociedad civil. Y ese diagnóstico es importante desde un punto de vista crítico en el sentido positivo de la expresión. No se puede trabajar en temas de derechos humanos, en temas de medioambiente, en temas de defensa de los derechos de las comunidades indígenas, en temas de igualdad de género, de lucha contra la violencia de género, si no hay una sociedad civil que esté ahí trabajando en el día a día.
Y si las condiciones legales, financieras, los medios, la relación con el poder público no son las adecuadas, la sociedad civil puede ver afectado su rol en ese Estado de derecho y esa democracia. Y eso es preocupante no solo en Bolivia, sino en cualquier otra nación del mundo. Es, como dijimos antes, un informe que se hace en muchísimos países, pero que se puede aplicar a cualquiera; no hay una democracia libre de las tentaciones de controlar o limitar a la sociedad civil.
Nosotros creemos que la sociedad civil tiene un rol muy importante y que por lo tanto es trascendental que pueda trabajar de manera libre, que pueda trabajar de manera crítica, que pueda contar con recursos financieros y que su espacio cívico no se reduzca.
— El informe califica el marco jurídico normativo de Bolivia con dos puntos, lo que se considera un entorno inhibidor. El documento señala que los procesos de registro, regulados por normas como la Ley 351, son restrictivos debido a las observaciones, criterios poco claros y demoras en la dificultad de trámites. ¿Qué tipo de diálogo o cooperación puede impulsar o está impulsando la Unión Europea con el Estado boliviano para promover el respeto a la libertad de asociación de modo que se consolide un marco jurídico verdaderamente protector de la autonomía de la sociedad civil?
— El Estado boliviano sabe que para la Unión Europea es muy importante contar con una sociedad civil organizada, fuerte, estructurada, crítica, que cuente con los medios necesarios para trabajar y que no vea limitada su actuación a través de impedimentos, ya sean legales, administrativos, financieros o de otra índole.
En nuestro diálogo con cualquier gobierno, en este caso con el de Bolivia, siempre resaltamos la importancia de la sociedad civil. Y además predicamos con con el ejemplo. Para nosotros, la sociedad civil es un interlocutor básico en todos nuestros proyectos de cooperación, en toda nuestra política de cooperación en el país siempre contamos con la sociedad civil.
Te voy a poner un ejemplo concreto, quizá un tema muy de moda como es el de los recursos naturales de Bolivia, el litio. Como Unión Europea, hemos promovido lo que llamamos una hoja de ruta de la sociedad civil. Es decir, queremos que la sociedad civil tenga una voz a la hora de hablar del modelo que se quiere en Bolivia para el aprovechamiento de los recursos naturales, los famosos materiales críticos o en este caso del litio. Por tanto, hemos financiado un diálogo entre diferentes organizaciones de la sociedad civil, especialmente en las zonas donde hay litio. No nos hemos metido, no les hemos dicho lo que tienen que hacer y qué tienen que pensar, pero sí consideramos muy importante que el Estado, el país, escuche la voz de la sociedad civil que, por cierto, no siempre coincide en todo, porque no hay una sola voz y justamente de eso se trata, de escuchar a todos.
En otro ejemplo, todos los años hacemos convocatorias para (trabajar en) proyectos con la sociedad civil, donde diferentes organizaciones se presentan y algunas ganan el proyecto, nosotros lo financiamos, pero quien lo ejecuta es la sociedad civil. Tenemos muchísimos ejemplos de ello en el país y no quiero mencionar solo algunos para no dejar fuera a otros que se me olviden. Pero cada año dedicamos bastantes recursos a financiar proyectos a los que la sociedad civil se presenta y los ejecuta.
— Volviendo a la pregunta, señor embajador, ¿se pueden mejorar las condiciones para el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil?
— Las condiciones siempre se pueden mejorar. Lo importante aquí es que exista un diálogo crítico, primero entre la sociedad civil y el gobierno, pero también implicando a la cooperación internacional, al sector privado, y que el Estado sea consciente de la importancia que tiene la voz y el papel de la sociedad civil en un Estado democrático y de derecho.
Obviamente las condiciones se pueden mejorar y el informe habla de eso. Nosotros estamos a disposición, tanto del Gobierno como de la sociedad civil, para fomentar ese diálogo, para canalizar un diálogo que sea productivo, donde cada uno exprese su opinión y sus intereses.
— Por otro lado, respecto a la cultura pública, el informe advierte de un ambiente restrictivo que también recibe una puntuación de dos. Se alerta sobre un discurso público ambivalente y a menudo hostil donde las organizaciones de la sociedad civil enfrentan campañas de desprestigio, descrédito, estigmatización. Esto ha generado preocupación y susceptibilidad dentro de las organizaciones de la sociedad civil. Ante estas narrativas, ¿cómo evalúa la Unión Europea este escenario y qué acciones considera prioritarias para contrarrestar la estigmatización de la sociedad civil y promover su reconocimiento legítimo ante la sociedad?
— En primer lugar, cuando hablamos de sociedad civil estamos hablando de todo un cosmos de diferentes organizaciones que se ocupan de diferentes temas y cada una representa también intereses diferentes. No hay una única sociedad civil y eso es lo que hay que evitar: decir “la sociedad civil piensa”, “la sociedad civil actúa de tal manera”, pues hay muchas organizaciones y muchas veces con intereses encontrados.
Lo que hay que evitar, en nuestra opinión, es la estigmatización, es decir que se vea que la sociedad civil es “mala» cuando se pronuncia en contra de una política económica o de desarrollo o, por el contrario, que se crea que todo lo que dice la sociedad civil es positivo. ¿Cómo se soluciona esto? Con un diálogo, un diálogo abierto, un diálogo franco, con la libertad de expresión asegurada y con la garantía de que cada uno pueda actuar de acuerdo con sus intereses y la defensa de los principios para los que se ha creado esa organización de la sociedad civil. Solo el diálogo puede evitar esa estigmatización y —yo me atrevería a usar esta palabra— esa “simplificación” de las cosas.
Y cuando hay algún tipo de conflicto, hay que evitar señalar a una organización de la sociedad civil de estar aprovechándose de una especie de pantalla jurídica para contribuir al conflicto. Y si se hace se tiene que hacer con pruebas, con conocimiento de causa para evitar esa simplificación y esa generalización.
— Considerando todo el contexto al que usted acaba de hacer referencia en esta charla, ¿qué papel puede desempeñar la cooperación internacional y particularmente la Unión Europea para contribuir a preservar un espacio cívico abierto, plural, seguro, sin sustituir el papel que corresponde al Estado y a las propias organizaciones de la sociedad?
— Ser un factor facilitador, un factor canalizador de ese diálogo, apoyando al Estado cuando se necesite y también apoyando a la sociedad civil cuando se necesite. Y creo que nosotros lo hacemos, tenemos grandes proyectos y programas con el Estado, desde apoyo presupuestario en materias como medioambiente, seguridad, agua, pero también apoyamos a la sociedad civil porque creemos que su rol es muy importante, en ese rol críticamente positivo en un Estado democrático.
Creemos que financiando acciones de la sociedad civil o financiando este informe contribuimos a crear el entorno habilitante para que las organizaciones de la sociedad civil puedan trabajar de manera libre y segura. Y gran parte de eso pasa por la financiación, una financiación transparente, que rinda cuentas. Nosotros no estamos ni para sustituir al Estado ni para sustituir a la sociedad civil, ni para decirle al Estado lo que tiene que hacer ni para decirle a la sociedad civil lo que tiene que hacer.
Estamos para cooperar, por eso se llama cooperación internacional. Aunque últimamente, también estamos cambiando los términos, ahora estamos hablando de asociaciones, estamos hablando de socios. Cooperar no es decir “yo le doy dinero para que usted haga esto”. No, lo que nosotros queremos es que Bolivia sea un Estado cada vez más democrático, una democracia cada vez más inclusiva, donde las y los ciudadanos se beneficien de vivir en democracia, de vivir en paz, de vivir en un Estado de derecho, de que sus derechos y libertades fundamentales se respeten.
Para ello hay que apoyar tanto al Estado como a la sociedad civil, incluso al sector privado, los que diríamos son las tres principales patas de una sociedad. En ese sentido, no estamos para sustituir a nadie, sino abiertos a fomentar el diálogo entre las partes y a cooperar en lo que se nos necesite.
NdE: El Informe Enfoque País Bolivia 2026 fue elaborado por la Red UNITAS en el marco del Sistema de la Unión Europea para un Entorno Favorable a la Sociedad Civil (EU SEE), una iniciativa que monitorea las condiciones en las que las organizaciones de la sociedad civil desarrollan su trabajo. La publicación cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea y forma parte de un mecanismo de seguimiento que busca identificar cambios, tendencias y desafíos para el espacio cívico. El documento fue presentado el 2 de octubre en la ciudad de La Paz y está disponible para lectura y descarga en el portal de la Red UNITAS a través de este link.
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