Captura de pantalla del programa Sumando Voces en Directo
El acompañamiento a comunidades indígenas, la formación de jóvenes líderes, el monitoreo ambiental y la construcción de propuestas para atender problemas locales son algunas de las contribuciones que realizan las organizaciones de la sociedad civil en Bolivia. Su trabajo, desarrollado junto a las propias comunidades y organizaciones sociales, busca fortalecer sus capacidades para defender sus derechos e incidir en las decisiones que afectan sus territorios.
Estas experiencias fueron compartidas durante el programa Sumando Voces en Directo, que reunió a Mila Reynolds, directora ejecutiva de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS); Betsabé Saca, coordinadora del área de Tierra, Territorio y Derechos Humanos del Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA); y Emily Maturana Peralta, representante de Tierras Bajas y presidenta del Consejo Municipal de la Juventud de San José de Chiquitos en Santa Cruz.
Desde su experiencia de trabajo con pueblos indígenas de tierras altas y bajas, Saca explicó que uno de los principales aportes de las organizaciones es brindar herramientas para que las comunidades puedan documentar las vulneraciones de derechos, reunir evidencias, formular denuncias y hacer visibles sus demandas ante la opinión pública.
“Lo que quedaría sin nuestro aporte es que podríamos debilitar estas defensas de los territorios”, señaló. Añadió que el acompañamiento también permite ampliar las voces de las comunidades y evitar que sus problemáticas permanezcan únicamente dentro de sus territorios.
La coordinadora de CENDA explicó que el trabajo comienza por construir confianza y respetar las formas propias de organización. Por ello, el relacionamiento institucional se establece a través de espacios colectivos, como las asambleas y los encuentros de corregidores, y no mediante acuerdos individuales con algún integrante de las comunidades.
Las necesidades que acompañan también varían según cada territorio. En tierras altas, Saca identificó como preocupaciones centrales la escasez y contaminación del agua, que afectan tanto la vida de las comunidades como sus actividades productivas. En tierras bajas, mencionó las dificultades de acceso a educación, salud, servicios básicos e internet en comunidades indígenas.
En este último contexto, incluso la conectividad representa un desafío para desarrollar procesos de formación. La falta de acceso a internet obliga, en ocasiones, a trasladar a los participantes fuera de sus comunidades para realizar capacitaciones sobre monitoreo satelital y otros mecanismos de consulta y organización colectiva.
Jóvenes que pasan de la formación a la participación
La experiencia de Emily Maturana muestra cómo el acompañamiento de las organizaciones puede contribuir a que jóvenes de los municipios asuman un papel activo en sus comunidades.
La joven, oriunda de San José de Chiquitos, contó que conoció a la organización PROCESO Servicios Educativos hace aproximadamente dos años, cuando comenzó a participar en actividades relacionadas con la defensa de derechos, la protección del medio ambiente y la incidencia política.
A partir de esos espacios de formación, identificó problemas de su municipio, entre ellos los incendios y la escasa participación juvenil. Según relató, muchos jóvenes tenían temor de expresar sus opiniones o cuestionar las decisiones de las autoridades.
El proceso le permitió fortalecer sus capacidades de expresión, conocer sus derechos y aprender a plantear propuestas y demandas con argumentos. Actualmente, preside el Concejo Municipal de la Juventud y trabaja en la formación de nuevos liderazgos. “No es solo ir y gritar, sino tener una manera correcta de decirlo y, sobre todo, entenderlo: por qué estoy luchando y qué es lo que necesito”, expresó.
Maturana también advirtió que la falta de oportunidades educativas y laborales impulsa a muchos jóvenes a migrar de sus municipios. Frente a esa situación, considera importante fortalecer los espacios de participación y formación para que puedan involucrarse en las decisiones de sus comunidades.
Propuestas que nacen en los territorios
Para la directora ejecutiva de UNITAS, Mila Reynolds, una de las características del trabajo de las organizaciones es que las propuestas surgen de las necesidades e iniciativas de los propios actores locales. La tarea de las instituciones consiste en acompañar esos procesos, facilitar herramientas y articular esfuerzos, sin sustituir la capacidad de decisión de las comunidades.
Como ejemplo, mencionó el trabajo conjunto de organizaciones en Cochabamba en torno a la contaminación de ríos y la gobernanza del agua; las iniciativas de producción agroecológica en el sur del país; y los debates sobre modelos de desarrollo y producción agroindustrial en Santa Cruz.
Saca agregó que las comunidades también incorporan nuevas estrategias para defender sus derechos. Además de las formas tradicionales de organización y movilización, ahora recurren a herramientas tecnológicas, como teléfonos celulares y aplicaciones de mapas, para realizar acciones de control y monitoreo territorial.
En algunos casos, las demandas también se traducen en propuestas normativas. La representante de CENDA mencionó, por ejemplo, la ley de defensa de semillas nativas en los municipios de Ayopaya y Cocapata, en Cochabamba, como parte de las estrategias que las organizaciones impulsan para proteger sus territorios y formas de vida. “Las instituciones o las ONG no sustituimos sus propuestas, sino solamente las fortalecemos”, remarcó Saca.
Un trabajo articulado en todo el país
Durante el programa, Reynolds explicó que la Red UNITAS articula el trabajo de sus 24 organizaciones asociadas y cuatro programas en torno a tres ejes: democracia, derechos humanos y desarrollo sostenible. Esta coordinación permite responder a necesidades específicas de cada región y, al mismo tiempo, construir agendas comunes.
De acuerdo con el informe de rendición de cuentas públicas de la Red UNITAS correspondiente a 2025, la red ejecutó más de 153 millones de bolivianos mediante 223 planes, programas y proyectos, con un alcance de más de un millón de personas de manera directa e indirecta en el país.
La directora ejecutiva sostuvo que la rendición de cuentas no debe entenderse únicamente como un ejercicio técnico o administrativo, sino como una forma de mostrar con transparencia el trabajo realizado, su impacto y el aporte de la sociedad civil al país.
En ese sentido, también alertó sobre los obstáculos legales y burocráticos para el registro y funcionamiento de las organizaciones, la reducción de recursos destinados a su trabajo y la fragilidad democrática, factores que ponen en riesgo la continuidad de los procesos de acompañamiento en los territorios.
Las participantes coincidieron en que el trabajo de las organizaciones no reemplaza las responsabilidades del Estado ni la capacidad de decisión de las comunidades. Su contribución está en acompañar, fortalecer capacidades y facilitar que las demandas locales puedan convertirse en propuestas, acciones de defensa de derechos y participación ciudadana.
Aquí puede descargar el Informe de Rendición de Cuentas 2025:
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