Comunarios de Charoplaya denuncian minería ilegal pese a prohibición. Foto: Charoplaya
La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) anunció que coordinará una nueva inspección en el área minera BOPI, ubicada en el sector de Charoplaya, municipio de La Asunta en el departamento de La Paz, después de recibir denuncias sobre la presunta continuidad de actividades de explotación minera ilegal, pese a que en septiembre de 2025 dispuso la suspensión total de esas operaciones.
En una respuesta fechada el 26 de octubre de 2026, dirigida al secretario general de la comunidad Charoplaya, Félix Quispe Atincore, la Dirección Departamental de La Paz de la AJAM confirmó que el 4 de septiembre de 2025 emitió la Resolución Administrativa AJAM-DEP-LP/MIN-ILEGAL/RES-ADM/5/2025, que ordenó suspender las actividades mineras ilegales en el área identificada con el Código Único 2020843.
La entidad informó que los nuevos hechos denunciados serán remitidos a la instancia técnica competente para su evaluación. Asimismo, señaló que coordinará una inspección in situ para verificar las condiciones existentes en el lugar, establecer si continúan las operaciones y determinar su eventual relación con el incumplimiento de la resolución de suspensión.
Los resultados de esa inspección serán incorporados a un informe técnico que servirá de base para definir posteriores actuaciones administrativas y eventuales comunicaciones a otras autoridades. La AJAM no precisó una fecha para realizar la verificación.
Respecto a la solicitud de incautación de maquinaria y equipos, la institución sostuvo que esa medida debe distinguirse de sus competencias administrativas y que los elementos obtenidos serán puestos en conocimiento del Ministerio Público, cuando corresponda.
La AJAM también confirmó que en sus antecedentes figura una denuncia penal formalizada el 18 de septiembre de 2025, registrada con el Código Único CUD 201102012506651. Sin embargo, aclaró que no puede certificar el estado actual de la investigación ni las actuaciones desarrolladas por la Fiscalía.
La respuesta añade que el trámite administrativo relacionado con el área se encuentra en etapa de consulta previa, sin que ello implique un pronunciamiento sobre la legalidad de las actividades denunciadas.
