Trabajadores durante la época de zafra. Fotos: Estudio
Una investigación realizada en Montero, Bermejo y Riberalta documentó jornadas laborales de hasta 14 horas, salarios insuficientes y retrasos en los pagos, endeudamiento coercitivo, participación de niñas, niños y adolescentes en actividades peligrosas, además de mecanismos de endeudamiento que restringen la libertad de movimiento de los trabajadores. El informe advierte que la débil presencia estatal y la falta de mecanismos efectivos de denuncia permiten que estas prácticas persistan.
Las cadenas productivas de la caña de azúcar y la castaña en Bolivia mantienen condiciones laborales que presentan indicios de trabajo forzoso, servidumbre por deudas y peores formas de trabajo infantil. Así lo advierte el estudio Trabajo forzoso, servidumbre por deudas y peores formas de trabajo infantil en la zafra de caña y castaña en Bolivia.
La investigación fue desarrollada de manera conjunta por la Confederación Nacional de Trabajadores Asalariados del Campo de Bolivia (CNTAC-B), el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) y la organización belga Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking–Socialistische Solidariteit (FOS). El informe sostiene que las situaciones identificadas no son hechos aislados, sino que responden a condiciones estructurales de explotación laboral que afectan a trabajadores temporales y sus familias.
El trabajo de campo se realizó entre 2025 y 2026 en tres zonas productoras: Montero, en Santa Cruz; Bermejo, en Tarija; y Riberalta, en Beni. La investigación combinó observación directa en lugares de trabajo y alojamiento, entrevistas semiestructuradas a trabajadores y actores locales, además de una revisión documental.
En total, el equipo observó a cerca de 200 trabajadores y trabajadoras, entre ellos mujeres, niñas, niños y adolescentes, y recogió 24 testimonios: nueve correspondientes a trabajadores de la zafra de caña de azúcar y 15 a recolectores de castaña. De las personas entrevistadas, nueve eran mujeres y 15 hombres. El estudio aclara que se trata de una investigación cualitativa y que sus resultados no constituyen una medición estadística de la frecuencia de estas prácticas en todo el país.
Jornadas de hasta 14 horas y salarios atrasados
Uno de los principales hallazgos está relacionado con las extensas jornadas laborales y la ausencia de condiciones adecuadas de descanso. En la zafra de caña de azúcar, los testimonios recogidos dan cuenta de trabajadores que cumplen entre 12 y 14 horas continuas, superando ampliamente los límites establecidos por la legislación laboral.
Algunos entrevistados describieron jornadas que comienzan a las tres o cinco de la mañana y se prolongan hasta las ocho o nueve de la noche. En otros casos, el trabajo se extiende durante la noche, especialmente en las actividades de carga de camiones.
En la recolección de castaña también se identificaron jornadas prolongadas. Los trabajadores señalaron que salen de sus campamentos temprano por la mañana y retornan al finalizar la tarde, aunque en algunos casos el horario depende de la cantidad de producto recolectado. El descanso es prácticamente inexistente y las pausas para alimentarse son limitadas.
El informe explica que el pago por producción constituye uno de los factores que incentiva estas jornadas. En la caña, los trabajadores reciben una remuneración por tonelada cortada, mientras que en la castaña el pago se realiza por caja de 23 kilogramos. Esta modalidad traslada al trabajador los riesgos relacionados con su rendimiento, las condiciones climáticas y la disponibilidad de materia prima.
A las extensas jornadas se suma la inestabilidad salarial. En el sector cañero, los entrevistados reportaron retrasos de una semana, 15 días e incluso un mes o más. En la actividad castañera, los testimonios describieron demoras de entre 20 días y un mes, aunque también se registraron casos en los que los trabajadores esperaron entre dos y tres meses para recibir su remuneración.
Uno de los testimonios recogidos en el estudio relata que, en un caso extremo, el trabajador todavía no había recibido el pago correspondiente al año anterior.
Además, se identificaron descuentos por herramientas, alimentos, medicamentos, transporte y otros insumos. Estas retenciones reducen aún más los ingresos de los trabajadores y, en determinadas circunstancias, generan deudas que terminan condicionando su permanencia en los lugares de trabajo.
El habilito, un mecanismo de endeudamiento
Otro de los aspectos más preocupantes identificados en la investigación es el denominado sistema de habilito, particularmente en la recolección de castaña.
Este mecanismo consiste en adelantar dinero, alimentos o productos a los trabajadores antes de iniciar la temporada de recolección. Posteriormente, los recolectores deben entregar la castaña al contratista para completar el pago de la deuda.
Aunque inicialmente puede presentarse como una ayuda económica, el estudio advierte que este sistema puede convertirse en un mecanismo de dependencia y control cuando las condiciones de pago son abusivas o impiden que las personas abandonen el lugar de trabajo.
La investigación recoge testimonios de trabajadores que señalaron que no podían salir de los campamentos mientras mantuvieran deudas pendientes. En otros casos, se les advirtió que no recibirían su remuneración hasta finalizar la temporada de trabajo.
El informe también documenta que los descuentos por víveres, herramientas, medicamentos y transporte son frecuentes. Esta situación provoca que los trabajadores permanezcan endeudados y dependan económicamente de los contratistas.
Las retenciones salariales aparecen en ambos sectores y, de acuerdo con el análisis, funcionan no solamente como descuentos económicos, sino también como mecanismos disciplinarios que limitan la autonomía de los trabajadores.
Riesgos para la salud y condiciones precarias de vida
La investigación también identificó condiciones de trabajo que ponen en riesgo la integridad física de las personas. En la zafra de caña, los trabajadores están expuestos a cortes con machetes, golpes, altas temperaturas y jornadas extenuantes. En la recolección de castaña enfrentan el peligro de golpes por la caída de cocos, mordeduras de víboras y accidentes en zonas boscosas.
A estos riesgos se suma la ausencia de equipos de protección personal y de infraestructura sanitaria adecuada. El documento advierte que las enfermedades y lesiones que podrían prevenirse terminan convirtiéndose en problemas de mayor gravedad debido a la falta de atención y protección.
Las condiciones de alojamiento también son deficientes. En las zonas de producción se observaron campamentos improvisados y barracas con infraestructura precaria, además de limitaciones en el acceso a servicios básicos, agua potable, alimentación adecuada y atención médica.
En el caso de la castaña, el trabajo se desarrolla en zonas alejadas, donde las familias deben enfrentar condiciones climáticas adversas, humedad, barro y presencia de fauna peligrosa. Estas circunstancias incrementan los riesgos de agotamiento, lesiones y accidentes.
Trabajo infantil en actividades peligrosas
Otro de los hallazgos centrales del estudio es la participación de niñas, niños y adolescentes en actividades vinculadas con la producción de caña de azúcar y la recolección de castaña.
El informe advierte que esta participación no puede considerarse únicamente como una forma de colaboración familiar, debido a que se desarrolla en contextos de riesgo y contribuye a sostener la producción y complementar los ingresos de familias que enfrentan condiciones económicas precarias.
La investigación señala que estas prácticas suelen justificarse como parte de las costumbres familiares o de las condiciones habituales del trabajo rural. Sin embargo, advierte que la incorporación de menores de edad a actividades peligrosas vulnera sus derechos y puede afectar su salud, educación y desarrollo integral.
El documento considera que la participación de niñas, niños y adolescentes en estas actividades no es un fenómeno aislado, sino que forma parte de las condiciones estructurales que sostienen ambas cadenas productivas.
Por ello, recomienda que el Estado adopte medidas para retirar a los menores de edad de las actividades peligrosas y, paralelamente, brinde apoyo económico, becas y alimentación escolar a sus familias, con el propósito de reducir la presión económica que incentiva su participación laboral.
Ausencia de inspecciones y dificultades para denunciar
La débil presencia institucional en las zonas productoras es otro de los problemas identificados. Según los testimonios, las inspecciones laborales son prácticamente inexistentes en los campamentos y barracas donde se desarrollan las actividades productivas.
En la zafra de caña, los trabajadores señalaron que las visitas del Ministerio de Trabajo son ocasionales y se limitan a lugares de fácil acceso. Algunos aseguraron que nunca recibieron la visita de inspectores laborales.
En la actividad castañera, 12 de los 15 testimonios recogidos coinciden en que el Ministerio de Trabajo no había visitado sus lugares de trabajo.
El estudio también identifica obstáculos para acceder a los mecanismos formales de denuncia. Entre ellos están los costos de transporte, la pérdida de ingresos por ausentarse del trabajo, el desconocimiento de los procedimientos y el temor a represalias o a no ser contratados nuevamente.
En algunos casos, los trabajadores ni siquiera conocen con claridad quién es su empleador, debido a la intermediación de contratistas y otros actores que participan en el reclutamiento y traslado de la mano de obra.
La organización sindical también enfrenta limitaciones. En la actividad castañera, por ejemplo, la Federación de Zafreros interviene principalmente cuando los trabajadores retornan a Riberalta, es decir, cuando los problemas de impago, endeudamiento o lesiones ya se han producido.
El documento concluye que esta ausencia de protección institucional facilita la continuidad de las vulneraciones y debilita las posibilidades de acceder a justicia y reparación.
Indicios de trabajo forzoso y servidumbre por deudas
A partir de los testimonios, la observación directa en campamentos y barracas y el análisis del marco jurídico nacional e internacional, el estudio concluye que las condiciones documentadas presentan elementos compatibles con formas contemporáneas de esclavitud.
Entre los principales indicadores identifica el endeudamiento coercitivo, la retención y el retraso sistemático de salarios, las restricciones a la libertad de movimiento, las amenazas, las represalias, las jornadas extenuantes y el aislamiento geográfico.
El informe sostiene que la servidumbre por deudas y la participación de menores de edad en actividades peligrosas constituyen componentes estructurales del modelo productivo de ambas cadenas.
Asimismo, advierte que estas prácticas vulneran la legislación laboral boliviana y compromisos internacionales asumidos por el país, entre ellos los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relacionados con la abolición del trabajo forzoso, la edad mínima de admisión al empleo y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil.
No obstante, el documento precisa que sus hallazgos constituyen indicios que justifican una intervención y verificación estatal, y no una medición exhaustiva de la magnitud del problema en todo el territorio nacional.
Ante este escenario, el estudio plantea una serie de recomendaciones dirigidas a las instituciones nacionales y a los organismos internacionales de derechos humanos.
Entre las principales propuestas está la aprobación de un Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Esclavitud Moderna en el Trabajo Rural, que permita prevenir, identificar, sancionar y reparar los casos de trabajo forzoso, servidumbre por deudas y trabajo infantil peligroso.
También recomienda prohibir y sancionar el habilito coercitivo, regular a los contratistas e intermediarios laborales y establecer responsabilidades para empleadores, ingenios y empresas beneficiadoras.
Otra de las medidas planteadas es fortalecer las inspecciones laborales en las zonas rurales y forestales mediante unidades móviles que realicen controles periódicos y no anunciados en campamentos, barracas, ingenios y centros de acopio.
El informe propone, además, garantizar mecanismos de denuncia gratuitos, accesibles y seguros, con protección frente a posibles represalias, así como asegurar el pago oportuno de salarios y el cumplimiento de las jornadas laborales.
Finalmente, recomienda implementar programas de protección integral para trabajadores temporales rurales y sus familias, garantizar el acceso a salud, educación, agua potable y alojamiento digno, y desarrollar políticas específicas para erradicar el trabajo infantil peligroso.
El documento también plantea que organismos internacionales, como la OIT, las Naciones Unidas y el sistema interamericano de derechos humanos, realicen seguimiento especializado y visitas a las zonas afectadas para verificar las condiciones laborales.
Aquí puede leer el documento:
