Encuentro de mujeres chiquitanas. Foto: Casa de La Mujer
Las mujeres chiquitanas reunidas en el municipio de San Javier, en el departamento de Santa Cruz, se declararon en estado de emergencia y anunciaron una movilización social en defensa de su territorio, sus derechos colectivos y la vida libre de violencia. La medida responde, según denunciaron, a amenazas políticas y al contexto socioeconómico que calificaron de “amenazador y ya conocido” tras las últimas elecciones presidenciales.
«Por lo tanto, resolvemos: Declararnos en estado de emergencia para convocar a una movilización social que incluya no solo a los pueblos indígenas, sino a todos los defensores y defensoras de la vida para movilizarnos por nuestros derechos», señala el primer párrafo de la resolución.
En su declaración pública, las firmantes exigieron que sus voces sean escuchadas en todo el país y en el mundo, y ratificaron su decisión de fortalecer sus organizaciones comunales para enfrentar la pobreza multidimensional que afecta a la región. “La pobreza multidimensional nos roba el derecho a la seguridad alimentaria y cierra las posibilidades para que desde nuestras comunidades planteen una soberanía alimentaria con identidad”, señala el documento.
Las líderes indígenas denunciaron que sus comunidades están amenazadas por intereses que fragmentan y privatizan la tierra. Rechazaron la lógica “colonialista” y lo que llamaron el “burdo engaño del espejito” (intento de engaño torpe y fácil de descubrir). Asimismo, advirtieron sobre el avance de mineros, madereros y agroindustriales en la región, lo que, según alertaron, provoca la migración de jóvenes a las ciudades y aumenta la marginalidad, la discriminación y la violencia contra los pueblos indígenas.
Entre las resoluciones, las mujeres chiquitanas acordaron hacer seguimiento a las políticas de protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y de los derechos de las mujeres y niñas, particularmente el derecho a vivir una vida libre de violencia. También hicieron un llamado a otros sectores y defensores de la vida a unirse a la movilización para garantizar la defensa del territorio y la Ley 348.
«Hacer un seguimiento a las políticas de protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y los derechos particulares de las mujeres y las niñas, sobre todo para vivir una vida libre de violencias», agrega el texto.
El pronunciamiento fue firmado por representantes de la Organización de Mujeres Indígenas Chiquitanas de Concepción (OMIOCHC) y sus dirigentes, quienes enfatizaron que continuarán organizadas y en resistencia para proteger la “Casa Grande” y el modo de vida de sus comunidades.
Aquí puede leer el documento:
También le puede interesar:
