Mesa redonda en la que participaron los representantes bolivianos. Foto: Cortesía Cristian Flores
En el marco de la COP30, la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC) presentó una propuesta para fortalecer la cooperación entre países en la lucha contra el cambio climático, sin recurrir a los mecanismos de mercado de carbono. La iniciativa, basada en el Artículo 6.8 del Acuerdo de París, busca promover alternativas sostenibles que respeten la tenencia colectiva de la tierra, impulsen economías locales y eviten la mercantilización de los territorios.
«El mercado de carbono es una falsa solución. El dinero que se recibe es una compensación que hacen los grandes emisores para seguir contaminando, es decir, una gran empresa paga para compensar su nivel de emisiones. Pero, realmente no está siendo una solución real, porque no está disminuyendo su nivel de emisiones», explicó a Sumando Voces Cristian Flores, técnico en Incidencia Política de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC), quien se encuentran en Belém, Brasil.
La propuesta fue presentada por la PBFCC como parte de la Coalición Boliviana y en representación de la Coalición Latinoamericana por la Acción Climática (CAM-Latinoamérica).
Flores recordó que Bolivia avanzó en la cuantificación del potencial de retención de carbono —es decir, la capacidad de los ecosistemas para capturar y almacenar CO₂—, lo que forma parte de los mecanismos de mercado previstos en los incisos 6.2 y 6.4 del Acuerdo de París. Sin embargo, advirtió que estos esquemas presentan riesgos sociales y ambientales si no se regulan adecuadamente.
Asimismo, indicó que cuando se empieza a poner precio al carbono, muchos territorios comunitarios comienzan a ser vistos con otra mirada: como mercancías. Sostuvo que esta situación cambia la perspectiva de la tenencia colectiva de la tierra, que es la base de la organización indígena y campesina en Bolivia.
Artículo 6.8: cooperación sin mercantilización
Frente a estos desafíos, los representantes bolivianos impulsan desde hace dos años una propuesta centrada en el Artículo 6.8 del Acuerdo de París, que promueve mecanismos no mercantiles de cooperación. Este enfoque busca fortalecer la colaboración entre Estados, instituciones financieras y comunidades locales, sin depender de transacciones basadas en el carbono.
Flores indicó que la idea es que la cooperación se base en la colaboración técnica, el financiamiento justo y la valorización de las prácticas sostenibles de las comunidades, no en la compra y venta de emisiones.
La propuesta, presentada en una mesa redonda de Naciones Unidas en el marco de la COP30, plantea que los países prioricen mercados locales, producción agroecológica y circuitos cortos de comercialización, especialmente en regiones como el norte amazónico, donde cerca del 10% del territorio nacional se dedica al aprovechamiento sostenible de la nuez amazónica.
El técnico de la PBFCC destacó que la iniciativa se articula con la Estrategia Nacional de Agroecología, impulsada junto al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y respaldada por colectivos como el Movimiento Ecológico Boliviano, la Plataforma Nacional de Suelos y el Movimiento Agroecológico de Bolivia. «En ese sentido otro de los elementos centrales es precisamente garantizar mercado local, producción local, circuitos cortos de producción de productos agroecológicos», sostuvo.
Según la PBFCC, estos enfoques ofrecen una respuesta más justa al cambio climático, al evitar que los territorios indígenas y campesinos se conviertan en “monedas de cambio” dentro del sistema global de compensaciones de carbono, pero además, tienen bajos niveles de emisión y contribuyen a la seguridad alimentaria.
Según Flores, el documento busca enriquecer el debate internacional sobre los mecanismos de cooperación climática y abrir oportunidades de financiamiento para iniciativas locales que prioricen la vida y la biodiversidad.
El Técnico de la PBFCC, expresa que el artículo 6.8 todavía tiene avances limitados en las negociaciones. Por eso, Bolivia está proponiendo que se prioricen mecanismos más inclusivos, que garanticen colaboración efectiva entre Estados y eviten nuevas formas de desigualdad.
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