Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya. Foto: Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo advirtió sobre una posible regresividad en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en el marco de los cuestionamnientos que surgieron en torno a la sentencia de seis años de prisión que se le impuso a un joven de 16 años bajo el Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), por los delitos de violación y asesinato de su hijastra.
«La Defensoría del Pueblo enfatiza que cualquier reforma en el sistema penal para adolescentes debe realizarse en el marco del respeto a los derechos humanos y en consonancia con los estándares internacionales de protección de la niñez y adolescencia», apunta el pronunciamiento.
Según el pronunciamiento, el ministro de Justicia, César Adalid Siles Bazán, presentó una acción de defensa contra el fallo de la jueza Tercero de la Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, solicitando la anulación parcial de la sentencia y promoviendo una condena de 30 años de reclusión sin derecho a indulto. Además, anunció una propuesta de modificación del CNNA para que determinados delitos cometidos por adolescentes sean juzgados por la vía ordinaria, especialmente en casos de delitos sexuales y con resultado de muerte.
El 5 de marzo se conoció la muerte de una bebé de tan solo un año de edad, la cual fue agredida física y sexualmente por su padrastro, un adolescente de 16 años, a quien su pareja y madre de la víctima, intentó encubrir. El adolescente recibió una sanción de 6 años en un centro de rehabilitación, mientras que la madre, al tener 25 años, fue enviada a prisión con medidas cautelares.
La Defensoría del Pueblo recordó que la Constitución Política del Estado prioriza la protección integral de la niñez y adolescencia. También enfatizó que cualquier reforma al sistema penal para adolescentes debe respetar los estándares internacionales de derechos humanos. Asimismo, instó a las autoridades a implementar estrategias de prevención del delito, garantizando el cumplimiento del CNNA para asegurar una adecuada aplicación de la justicia penal juvenil.
Finalmente, la institución hizo un llamado a las autoridades nacionales y departamentales para fortalecer la coordinación interinstitucional y garantizar que las niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley sean reintegrados a la sociedad con responsabilidad, además de reparar los daños a las víctimas y sus familias.
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