La columna de marchistas que partió de Pando avanza hacia la sede de gobierno. Foto: captura de pantalla/internet.
A raíz de la marcha de organizaciones campesinas e indígenas que se dirige a la ciudad de La Paz, el Gobierno informó que interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 1720 (de conversión de tierras) ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). El objetivo es establecer la constitucionalidad de la norma y, mientras el TCP se pronuncia, el Ejecutivo solicitará adicionalmente una medida cautelar que frene su aplicación inmediata.
De acuerdo con la Agencia de Noticias Fides (ANF), el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, señaló que esta decisión surge tras las reuniones sostenidas con los sectores movilizados, los cuales exigen la abrogación de la ley bajo el argumento de que vulnera la Constitución.
“Nosotros respetamos el ordenamiento jurídico del país y hay un Tribunal Constitucional. Entonces, lo que hemos hecho es solicitar al Tribunal Constitucional una acción de inconstitucionalidad”, declaró Paredes a la ANF.
La autoridad precisó que, en caso de no recibir una respuesta pronta del TCP, el Gobierno reforzará la solicitud con una petición de medida cautelar para asegurar que los efectos de la ley queden suspendidos temporalmente mientras se emite un fallo de fondo.
La Ley 1720, promulgada por el presidente Rodrigo Paz a inicios de mes, entró en vigencia el 10 de abril tras ser publicada oficialmente en la Gaceta. La norma promueve la reconversión voluntaria de tierras para que pequeños productores puedan acceder a créditos bancarios mediante la hipoteca de sus propiedades.
No obstante, campesinos, indígenas y organizaciones de la sociedad civil alertan que la norma es inconstitucional, no fue socializada ni sometida a consulta y propicia cambios de fondo al régimen agrario en detrimento de los más vulnerables. Con estos y otros argumentos, campesinos e indígenas de Beni y Pando iniciaron la marcha hacia La Paz exigiendo su anulación total. La columna avanza día que pasa y se prevé que arribe a la ciudad la próxima semana.
El Gobierno envió diversas misiones de negociación y aunque no logró frenar la marcha, informó que se han logrado avances en otros puntos del pliego petitorio de los marchistas, como la agilización en la titulación de tierras comunitarias, la realización de auditorías a procesos de dotación y la modernización del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
