Avasalladores queman la vivienda de la familia Bascopé. Foto archivo ANF
El apicultor Juan Bascopé Cari, sentenciado en el «caso Apolo», y su familia denunciaron un patrón de violencia sistemática en su contra, que incluye violencia física y amedrentamientos, de acuerdo con una nota publicada por ANF.
«Los han huasqueado, los han golpeado sin motivo», denunció Bascopé, desde su encierro en el penal de San Pedro. Indicó que los principales agresores son las mimas personas implicadas en el caso Apolo, a quienes señala como los verdaderos responsables de los hechos de 2013.
El 19 y 20 de octubre de 2013 se produjo un violento enfrentamiento en la región de Apolo, durante un operativo de erradicación de coca ilegal. El hecho dejó como resultado a cuatro personas muertas: dos militares, un policía y un médico. El apicultor y productor campesino Juan Bascopé fue el único condenado en este caso, en medio de irregularidades en el proceso. En la actualidad cumple 12 de los 30 años de sentencia que recaen sobre él.
El apicultor indica que los ataques y amedrentamientos son constantes: su madre, de más de 80 años, fue golpeada y rodeada con fuego en un intento de quemarla viva. Su hermano, dice, fue golpeado con palos, su cuñado fue azotado hasta quedar incapacitado y menores de edad fueron perseguidos con armas blancas y chicotes. Asimismo, denuncia la desaparición de su primo.
Bascopé considera que estos hechos son parte de un objetivo mayor: la apropiación de las tierras de su familia. Dijo que que este grupo opera como «una estructura de impunidad» dentro de la comunidad. En ese sentido, mencionó algunos nombres entre los que están José Luis B.F., a quien acusa de ser el principal autor de los conflictos suscitados en Apolo hace 12 años. También, Eleodoro C., a quien responsabiliza de la muerte de un sargento; y otras como Gregorio C. y Felipe C., a quienes atribuyó las agresiones actuales en contra de la familia Bascopé.
El apicultor —dice ANF— cuestionó los intentos de trasladar el caso de su hermano, que enfrenta el despojo de su propiedad agrícola por los arriba mencionados, a la jurisdicción de la Justicia Indígena Originaria Campesina. A su juicio, este cambio no garantizará imparcialidad.
«Quieren ser juez y parte», sostuvo Bascopé y añadió que la comunidad, donde su familia mantiene conflictos abiertos, no ofrece condiciones para un proceso justo. Advierte que esta vía puede consolidar decisiones favorables a sus adversarios.
Finalmente, vinculó esta situación con presuntas irregularidades en su propio proceso judicial.
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