En foro de la ONU denuncian vulneración de derechos indígenas en Bolivia y alertan del impacto de la Ley 1720

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Foro Permanente de las Naciones Unidas. Foto: PBFCC

Con información de la PBFCC

La expansión de las actividades extractivas en territorios indígenas de Bolivia y otras amenazas que se ciernen sobre los pueblos indígena originarios fueron denunciados este 24 de abril en el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, donde el representante de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC) advirtió sobre un escenario creciente de afectaciones ambientales, sociales y territoriales.

Durante su intervención, Juan Carlos Alarcón señaló que los pueblos indígenas enfrentan una “invasión sistemática” de actividades como la minería, la explotación petrolera, la agroindustria y la tala, lo que estaría limitando el ejercicio de sus derechos colectivos. “El avance voraz de estas actividades impide el ejercicio pleno de derechos y evidencia que los Estados no solo no los garantizan, sino que promueven un extractivismo salvaje”, afirmó.

El representante indígena también expuso datos sobre los impactos ambientales en la Amazonía boliviana, particularmente en las cuencas de los ríos Beni y Madre de Dios, donde —según indicó— un alto porcentaje de población indígena presenta niveles de intoxicación por mercurio. A ello sumó la presencia de pasivos mineros en el altiplano y la contaminación por metales pesados como arsénico, plomo y cadmio en ríos y suelos.

Alarcón advirtió que estos efectos no solo deterioran los ecosistemas, sino que también afectan la salud de las comunidades y generan desplazamientos. Asimismo, cuestionó la expansión de la frontera agrícola, señalando que provoca una deforestación anual que supera las 400 mil hectáreas, lo que agrava la presión sobre territorios indígenas y áreas protegidas.

Finalmente, el representante expresó su respaldo a la movilización indígena que avanza hacia La Paz desde la Amazonía boliviana, la cual comenzó hace dos semanas. Señaló que la protesta responde, entre otras demandas, al rechazo a la Ley 1720, cuestionada por el impacto que podría generar en el régimen agrario, el medio ambiente, la cultura y la propiedad colectiva de las comunidades indígenas.

En función de todo este contexto y las constantes vulneraciones que sufren los pueblos originarios, Alarcón sostuvo que en Bolivia no existen las condiciones para afirmar el cumplimiento de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Por ello, pidió al foro instar a los Estados a garantizar los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, con énfasis en el respeto a sus territorios.

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