EDITORIAL SUMANDO VOCES
La vulneración de las libertades fundamentales y el deterioro de la institucionalidad democrática van en aumento en Bolivia, según el Informe 2024 del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de la red UNITAS, lo que representa una preocupación para la sociedad civil y, al mismo tiempo, un desafío para el Estado y el sistema político, en un año marcado por la agenda electoral.
El informe, que fue presentado esta semana en La Paz, establece que en los últimos cuatro años “se identifica un incremento sustancial de las vulneraciones registradas por el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos”, llegando a 915 casos de vulneraciones, cifra que representa un incremento del 19% respecto a 2023 y marca un promedio de 76 violaciones mensuales, o 2,5 diarias.
Y, de inmediato precisa que esta situación se debe fundamentalmente al incremento de los casos de vulneración de la institucionalidad democrática en Bolivia, que ha pasado de tener 199 registros en 2022, a 379 en 2023, hasta llegar a 525 vulneraciones en 2024.
Cuando habla de vulneraciones a la institucionalidad democrática, el informe se refiere a los actos o declaraciones contrarias al ejercicio de derechos, acoso político, procedimientos no basados en la norma, corrupción de autoridades públicas, incumplimiento de procesos adecuados en la elección de autoridades, incumplimiento de normas relativas a la duración de autoridades y funcionarios públicos, falta de independencia de órganos del Estado, condicionamientos en el servicio público, y falta de transparencia y acceso a la información.
En síntesis, estamos hablando del mal funcionamiento de las instituciones del Estado, lo que repercute directamente en el ejercicio de derechos de la gente.
Además del reporte sobre institucionalidad democrática, el informe se ocupa del estado de la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de asociación, el derecho a la reunión pacífica y el derecho a la protesta, además del derecho a defender derechos.
Concordante con encuestas de percepción, en las que la Policía ocupa los últimos lugares de confianza ciudadana, el informe señala que esta fue la que más vulneró los derechos en 2024, llegando a un total de 212 casos, lo que plantea la necesidad de una reforma interna que convierta a la Policía en una entidad protectora y no vulneradora de derechos.
Para la elaboración de este estudio, el Observatorio recurrió a entrevistas, monitoreo de prensa, informes de otras organizaciones, denuncias públicas, recepción de casos y seguimiento a cuentas específicas de redes sociales. Por su consistencia y su difusión sistemática desde 2013, se ha convertido en un referente para la elaboración de informes nacionales e internacionales sobre el tema y, sobre todo, para la incidencia y la exigencia de un entorno propicio para el ejercicio de derechos.
En esta ocasión, además de presentar los datos sobre la vulneración de las libertades fundamentales y la institucionalidad democrática, el informe plantea una serie de recomendaciones para el Estado y la sociedad civil, con miras a mejorar el ejercicio de derechos. En el caso del Estado, la mayoría de estas recomendaciones están orientadas a adoptar políticas, protocolos, acciones y mecanismos para mejorar el entorno, mientras que las recomendaciones para la sociedad civil se enfocan en la participación activa y propositiva en su rol de guardiana de sus propios derechos.
Para el caso concreto de la institucionalidad, el Informe recomienda al Estado “Garantizar un proceso de selección y designación de autoridades judiciales y legislativas basado en criterios de transparencia, meritocracia y respeto a la normativa vigente, evitando la injerencia política”; “Implementar mecanismos efectivos de prevención, acceso a la información y rendición de cuentas en todas las instancias del Estado, así como la participación ciudadana plural en el control de la gestión pública”; “Establecer medidas legales y administrativas claras que aseguren la autonomía e imparcialidad de los órganos del Estado, implementando procesos de selección transparentes y basados en méritos, con la participación de actores independientes”, entre otros aspectos.
Las recomendaciones tocan los temas estructurales del Estado, particularmente en lo referente a la institucionalidad, porque la raíz de las otras vulneraciones está justamente en el funcionamiento anómalo de las instituciones.
Si bien el gobierno de Luis Arce está de salida, las recomendaciones están orientadas al Estado y, por tanto, son totalmente valederas para el próximo gobierno. Y, en una coyuntura como la actual, se esperaría, además, que los datos del informe y, sobre todo las recomendaciones, sirvan como insumo de los planes de gobierno de los diferentes candidatos que optarán por la presidencia en las elecciones del 2025.
Pasar por alto esta agenda urgente puede llevar a un recrudecimiento de las violaciones a las libertades fundamentales, lo que a su vez, puede traducirse en un aumento de la vulnerabilidad de la sociedad civil ante el poder del Estado. La desinstitucionalización es una consecuencia de la concentración de poder en un solo órgano, lo que, a su vez, puede devenir en prácticas autoritarias que limiten aún más los derechos humanos.
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