EDITORIAL SUMANDO VOCES
La Policía y la Fiscalía están, otra vez, en el ojo de la tormenta por la muerte de la periodista Nadia A., quien se quitó la vida luego de que no haber encontrado justicia por un caso de violación que sufrió en septiembre de 2024, perpetrado por Álvaro V., un reportero gráfico con el que previamente compartía labores en un medio de comunicación.
Según el relato de la hermana de Nadia, una investigadora de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV) de El Alto se negó a abrir el caso argumentando que no lograría encarcelar al acusado porque “no había sangre”. La Defensoría del Pueblo, que acompañó a Nadia en su denuncia, corroboró que en primera instancia el caso no fue aceptado y que luego la Fiscalía emitió una imputación “de manera tardía”, en diciembre de 2024.
Diversas organizaciones de la sociedad civil y líderes de opinión han expresado su indignación porque Nadia no solamente fue víctima de una agresión sexual, sino de un Estado indolente que no supo garantizarle justicia ni protegerla.
Nadia no es la única que cuando denuncia se encuentra con un muro en la Policía, la Fiscalía y la Justicia, donde todavía existen prácticas que revictimizan a las mujeres, las culpan por lo sucedido o las inducen a desistir de sus procesos.
Un estudio de la Comunidad de Derechos Humanos y del Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización del Estado, presentado hace un mes, estableció altos niveles de rechazo, sobreseimiento, retardación procesal y sentencias no ejecutoriadas en los casos de feminicidio.
Un análisis de 74 expedientes encontró resoluciones de rechazo en 21,62% de los casos de feminicidio y en 5,41% de los casos de tentativa de feminicidio. Asimismo, detectó sobreseimientos en el 17,24% de los casos de feminicidio y en el 10,34% de los casos de tentativa de feminicidio.
También halló “una preocupante retardación procesal”, puesto que el 62,96% de las sentencias tardó entre uno y tres años en ser dictadas.
Y, mientras la justicia rechaza casos, sobresee a los acusados, retrasa sus actuados o deja en libertad a los perpetradores de la violencia, la vida de las mujeres sigue corriendo riesgo, ya sea porque los agresores buscan vengarse de sus víctimas o, como en el caso de Nadia, no soportan la falta de justicia y deciden terminar con su propia vida.
Tras su visita in loco a Bolivia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitió un informe titulado Cohesión social, en el que indicó que “A pesar de las medidas tomadas para atender la violencia de género y el acceso a la justicia, persiste en el Estado un grave fenómeno de violencia de género motivado por una cultura de discriminación contra las mujeres, con especial afectación a las mujeres indígenas, campesinas, las mujeres indígenas y defensoras de derechos humanos. Eso, aunado a un alto nivel de impunidad en el marco de la investigación, sanción y reparación de la violencia, por cuenta de falencias presupuestarios, normativos y de conducta de las autoridades del sistema judicial”.
El sistema judicial no sólo se refiere a los jueces, sino a toda la cadena de instituciones encargadas de proteger los derechos de las mujeres y que, lejos de hacerlo, suman vulneraciones en su contra.
Pero, más allá de los casos de violencia de género, el actuar de la Policía genera desconfianza en la población en general, tal como lo establece el Latinobarómetro 2024, que indica que sólo el 16% de la gente en Bolivia confía en la Policía, siendo ése el porcentaje más bajo de Latinoamérica.
Lo propio pasa con el sistema judicial, que solo recibe el 13% de confianza ciudadana, situándose, también, en el nivel más bajo de la región.
No es para menos, si se toma en cuenta que la Policía sigue entre las instituciones más vulneradoras de derechos, según lo revela el Informe de Situación 2023 elaborado por la red UNITAS.
“El cruce de variables muestra que el segundo actor con más vulneraciones fue la Policía. Esta institución acumuló el 20% del total de las vulneraciones registradas”, indica el informe, que se basa en los datos recogidos por el Observatorio de Defensores y Defensoras de la misma red.
La vida de Nadia y de otras mujeres que reciben dilaciones y diatribas cuando sufren violencia es un poderoso llamado de atención al Estado en su conjunto, pero sobre todo a la Policía y a la Fiscalía, para que se despojen de sus prejuicios y sus viejas prácticas y se pongan en los zapatos de las víctimas. Ellas solamente quieren justicia y eso es justamente lo que el Estado les está negando.
También te puede interesar:
