Editorial Sumando Voces
El caso Kailasa ha develado que persiste en Bolivia esa práctica colonial de arrebatar tierras a los pueblos indígenas con el fin de enriquecerse, dejando apenas migajas para los dueños de los territorios.
Kailasa es un falso Estado integrado por ciudadanos extranjeros que pertenecen a una especie de secta hindú, liderada por Bhagavan Sri Nityananda Paramashivam que, según medios internacionales, es un perseguido por la justicia de India.
Integrantes de ese Estado inexistente firmaron convenios de arriendo de territorios indígenas con el pueblo Baure, con el pueblo Cayubaba y con el pueblo Ese Ejja, todos de tierras bajas. Los convenios indican que el arriendo es por mil años, es decir a perpetuidad. Por otro lado, señalan que los extranjeros serán dueños del aire, del suelo y del subsuelo de esos territorios con la finalidad de preservar el bosque. A cambio, los pueblos indígenas recibirán 1,80 dólares por el alquiler de cada hectárea al año.
El caso fue destapado por el diario El Deber y solo entonces puso en alerta a diversos actores de la sociedad y del propio Gobierno que terminó expulsando a los integrantes de Kailasa.
Los dirigentes de los pueblos indígenas aseguran que fueron engañados, que no vieron esas cláusulas entreguistas cuando firmaron los convenios, que dicho sea de paso, estaban en inglés, y que lo hicieron con la finalidad de preservar el bosque y, de paso, ayudarse económicamente porque están pasando por una situación difícil luego de la temporada de sequía e incendios. Por tanto, decidieron pedir la anulación de los mismos, luego de que los integrantes de Kailasa cortaron la comunicación con ellos.
Según el CEJIS, una institución de trabaja por los derechos de los pueblos indígenas, los integrantes de Kailasa pretenden beneficiarse con los bonos de carbono y por eso alquilan territorios para mantenerlos intactos y luego conseguir grandes cantidades de fondos internacionales.
El negocio de los bonos de carbono por el que gobiernos y grandes empresas pagan por la preservación del bosque se ha abierto en Bolivia con una sentencia constitucional dictada el año pasado, lo que ha provocado una fuerte polémica sobre el tema, puesto que especialistas aseguran que quienes recibirán el grueso del financiamiento son intermediarios, mientras que los pueblos indígenas solo obtendrán migajas.
Lo grave del asunto es que el caso Kailasa no es el único. El Territorio Indígena Multiétnico (TIM II), conformado por habitantes de los pueblos Tacana, Kavineño y Ese Ejja, acaban de rechazar y desconocer un convenio que habían firmado con la fundación Federico Hecker, porque es un acuerdo por 30 años de plazo y compromete el 88% de su territorio.
Mediante un pronunciamiento, el TIM II señala que el convenio “fue suscrito sin el consentimiento de las comunidades, con información incompleta, y en condiciones de desventaja y desprotección jurídica para las mujeres y hombres que habitan nuestro territorio”.
La Fundación Federico Hecker está vinculada a un grupo empresarial de extracción y exportación de la castaña hace más de cien años en los departamentos de Beni y Pando. Peter Hecker, integrante del grupo, fue senador titular del Beni en las elecciones de 1997 por la coalición ADN-NFR-PDC.
Como se puede advertir, los pueblos indígenas están siendo inducidos a firmar estos convenios sin percatarse que están entregando sus territorios para que grupos intermediarios se hagan millonarios con los bonos de carbono.
Llama la atención de que los notarios que se prestaron para avalar estos convenios no hayan observado el contenido de los mismos. Y también es cuestionable el rol de la Dirección de Migración, que expulsó a los representantes del falso Estado cuando está pendiente una investigación por tráfico de tierras y avasallamiento. Se espera que, en este marco, la Fiscalía realice una investigación diligente sobre el tema y que apunte a los verdaderos responsables.
Este escenario muestra la gran de vulnerabilidad en la que se encuentran los pueblos indígenas que, si bien han sido beneficiarios de un amplio catálogo de derechos en la Constitución, éstos no se cumplen o se cumplen a medias.
Está claro que si no existiera un marco permisivo para estas operaciones, ningún extranjero o nacional querría apropiarse de las tierras de los indígenas.
Para encarar circunstancias como ésta, las comunidades afectadas por convenios irregulares o abusivos deberían contar con mecanismos accesibles y eficaces de acceso a la justicia ambiental, donde puedan denunciar este tipo de acuerdos y obtener medidas de reparación y protección.
Hay que recordar que el Estado, en el marco del Acuerdo de Escazú, está obligado a garantizar el acceso a información ambiental completa y transparente, la participación efectiva de las comunidades en decisiones que afecten sus territorios y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
La falta de transparencia en la información y la exclusión deliberada de las comunidades no solo atentan contra sus derechos colectivos, sino que también colocan en riesgo a sus líderes y lideresas, quienes, al denunciar estas irregularidades, quedan expuestos a amenazas, criminalización o aislamiento. El Acuerdo de Escazú obliga a los Estados a garantizar su seguridad y promover un entorno seguro para la participación ciudadana, asegurando la protección efectiva de los defensores y defensoras indígenas que enfrentan estos riesgos.
Entre tanto, varias preguntas quedan en el tintero. ¿Cómo ingresaron los integrantes de Kailasa a territorio boliviano si no cumplían con los requisitos como afirmó Migración? ¿Con expulsarlos es suficiente? ¿No debieron ser procesados en Bolivia? ¿Qué pasará con los convenios firmados por los pueblos indígenas tanto con Kailasa como con la fundación Hecker? ¿Basta la voluntad de los indígenas de rechazar y anular esos convenios o es preciso que se hagan trámites ante alguna instancia? Y lo más importante, ¿Cómo evitar que estos hechos se repitan tomando en cuenta que el Estado boliviano es permisivo con la operación de los bonos de carbono?
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