Delegación de Bolivia, Chile y Argentina en Nueva York, EE.UU. Foto: Cortesía Faviola Gonzáles.
Representantes de comunidades indígenas del denominado “Triángulo del litio” —Bolivia, Chile y Argentina— denunciaron ante el 25° Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas la vulneración de sus derechos colectivos, los impactos ambientales de la explotación del litio y la falta de consulta previa en sus territorios. La delegación, que participó la pasada semana en sesiones en Nueva York, presentó una propuesta articulada en tres ejes y busca incidir en recomendaciones internacionales hacia los Estados involucrados.
Williams Colque, representante de comunidades aledañas al salar de Coipasa, en Oruro (Bolivia), explicó que uno de los puntos centrales cuestiona el modelo extractivista vigente. “Nosotros creemos que el modelo extractivista y las actividades extractivas degeneran los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Pero no solo eso, sino que también subordinan la libre determinación y el desarrollo que nosotros tenemos en las comunidades”, afirmó a Sumando Voces, al señalar que estas acciones afectan ecosistemas frágiles y ponen en riesgo tanto el medio ambiente como la vida comunitaria.
El segundo eje de la denuncia se centra en la falta de consulta previa, libre e informada, un derecho reconocido en convenios internacionales, entre ellos, el Acuerdo de Escazú. Según Colque, las comunidades no han sido informadas ni consultadas sobre acuerdos firmados por el Estado con empresas chinas o consorcios rusos. «Deberíamos ser partícipes de este proceso para saber cuánto daño ambiental se está realizando, y cuánto de agua se requiere para la explotación del litio», enfatizó Colque.
En esa misma línea, Faviola Gonzáles Soto, de la comunidad atacameña de Toconao (Chile), en contacto con Sumando Voces, describió los efectos acumulados de más de 30 años de explotación en el salar de Atacama.
La explotación de litio en el Salar de Atacama se realiza principalmente mediante evaporación de salmueras extraídas del subsuelo, un proceso que genera controversia por su impacto ambiental y social. El proceso consume enormes volúmenes de agua en un desierto hiperárido, que afecta acuíferos, flora y fauna en un ecosistema frágil.
«Desde hace mucho tiempo están sacando salmuera, que es un agua muy antigua, entonces, ya no la vamos a recuperar, y a ello se suma el calentamiento global. La afectación principal es que las lagunas, que están al borde del Salar de Atacama, han disminuido en su tamaño, y también el agua subterránea», denuncia Gonzáles, y agrega que el daño ha llegado a zonas de nidificación de especies como el flamenco andino.
Respecto a la afectación humana, la lideresa indígena indicó que en su región, la gente no tiene buena salud ni educación, y además debe soportar el aumento de tránsito de vehículos y de población por la actividad extractiva.
Además de los efectos ambientales, las comunidades denuncian consecuencias sociales, como conflictos territoriales, presión sobre servicios básicos y falta de beneficios estructurales. Gonzáles advirtió que -al igual que Bolivia- los procesos de consulta en su país no son vinculantes y no garantizan participación efectiva: “Las consultas indígenas no son finalmente vinculantes… la idea es que se formen los proyectos con anticipación, con participación de comunidades indígenas, pero eso no pasa. Llega el proyecto listo y la mayoría de las observaciones de las comunidades no son tomadas en cuenta”.
Como tercer eje, la delegación busca articular esfuerzos regionales entre comunidades afectadas de los tres países, compartir experiencias y fortalecer su capacidad de incidencia. En ese marco, Colque destacó que el objetivo es generar redes y presión internacional: “Estamos haciendo lobby… para que salgan esas recomendaciones y los haga llegar al Estado boliviano, al Estado chileno y al Estado argentino, para que en el tema de explotación de litio no se vulneren estos derechos”. En ese marco, señaló que realizan gestiones con relatores para que las demandas sean incluidas en informes oficiales.
Las organizaciones indígenas reconocen que los mecanismos de Naciones Unidas suelen tener efectos a largo plazo; sin embargo, consideran clave posicionar su demanda en escenarios internacionales. Esperan que las conclusiones del foro incluyan recomendaciones que obliguen a los Estados a garantizar derechos, transparencia y protección ambiental en futuras explotaciones de litio.
Mientras tanto, las comunidades insisten en que el desarrollo de este recurso estratégico no puede avanzar sin su participación ni a costa de sus territorios. Advierten que los impactos observados en zonas con mayor trayectoria extractiva anticipan riesgos para otras regiones del continente.
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