Explotación de litio. ANF
La Fundación Solón expresó su preocupación por la escasa información pública sobre los convenios y memorandos de entendimiento firmados por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con empresas extranjeras para la explotación del litio, y cuestionó la falta de transparencia que ha caracterizado estos procesos durante los últimos años.
Según la fundación, la información brindada por YLB a la sociedad civil ha sido insuficiente y contradictoria, lo que dificulta conocer con certeza cuántos convenios se firmaron, cuál es su contenido real y qué compromisos asumió el Estado boliviano en cada caso.
Durante la rendición pública de cuentas inicial de 2025, YLB informó que 15 convenios fueron ratificados y firmados por el Estado, suscritos con empresas de Argentina, China, Francia, Alemania, Australia y Rusia. Estos acuerdos involucran al menos cuatro salares: Uyuni, Pastos Grandes y Empexa, en el departamento de Potosí, y Coipasa, en Oruro.
Sin embargo, hasta la fecha, la población no conoce a cabalidad el contenido de estos documentos, ni los alcances económicos, ambientales y tecnológicos de los compromisos asumidos, ni el estado de avance de los proyectos vinculados a ellos.
En ese contexto, la organización plantea una serie de interrogantes al actual gobierno de Rodrigo Paz respecto al futuro de los acuerdos heredados de la gestión de Luis Arce Catacora. Entre ellas, cuestiona si el Ejecutivo publicará el contenido completo de los convenios, si explicará cómo se llevaron adelante los procesos de negociación, y si optará por respetar, renegociar o anular los acuerdos suscritos.
Asimismo, la Fundación Solón pregunta si el Gobierno avanzará en la consolidación de estos convenios mediante la firma de nuevos contratos, sin que previamente se haya transparentado la denominada «letra chica» de los documentos ya existentes.
«¿Cuánto más vamos a esperar para tener la transparencia que tanto hemos anhelado en los últimos cinco años?», cuestiona la Fundación Solón, que advierte que el litio es un recurso estratégico y que cualquier decisión sobre su explotación debería estar acompañada de información pública, debate informado y control social.
También le puede interesar:
