El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, cuestionó la prolongación de los procesos judiciales contra la exdirectora del Fondo Indígena (Fondioc), Elvira Parra, y advirtió vulneraciones a sus derechos fundamentales en el marco de su situación legal y personal, demandando un debido proceso, conforme a la norma.
La oficina defensorial informó que la autoridad fue enfática al señalar que “la persecución no puede ser indefinida, porque el Estado tiene la responsabilidad de aplicar este figura penal en tiempos razonables y también de forma razonable”. En ese sentido, pidió revisar la actuación de las instancias judiciales.
Callisaya reveló que, de los 161 casos vinculados al Fondo Indígena, 55 procesos están dirigidos contra Parra, muchos de ellos por hechos correspondientes a periodos similares que, pese al paso de los años, no han sido resueltos.
“Se le ha iniciado procesos en La Paz, Santa Cruz, Beni, Potosí, Tarija y en Oruro en forma simultánea y esto definitivamente hace que no pueda defenderse”, afirmó; al referirse a la dispersión de causas judiciales que enfrenta la exautoridad.
Asimismo, recordó que Parra permaneció aproximadamente ocho años con detención preventiva, además de cumplir detención domiciliaria, en un contexto que, según la Defensoría, evidencia vulneraciones al derecho a la defensa y al debido proceso.
En esa línea, informó que la Defensoría del Pueblo emitió una resolución en la que se concluye que existe una “desproporcionada persecución por parte del Estado”, señalando además que, incluso tras dicha intervención, “se le han abierto otros dos procesos por el mismo periodo anterior de hace años”.
Finalmente, Callisaya alertó sobre el estado de salud de Parra y el riesgo que enfrenta, indicando que denunciaron «un alto peligro de la vida de la señora Parra”. Instó a las autoridades a unir todos los procesos y trámites. Además, recordó que la propia Fiscalía reconoció “que ha habido una falta de diligencia en cuanto a la tramitación de esos casos”.
