Bolivia enfrenta un nuevo intento de transformar su sistema judicial con dos iniciativas que avanzan en paralelo: una propuesta legislativa de reforma parcial a la Constitución Política del Estado (CPE) y otra impulsada desde la sociedad civil que busca ordenar y viabilizar políticamente los cambios. Ambas coinciden en la urgencia de intervenir un sistema marcado por la retardación de justicia, la falta de independencia y la desconfianza ciudadana.
El proyecto legislativo, presentado por el diputado Juan del Granado, retoma una iniciativa ciudadana que reunió más de 800 mil firmas en 2023. La propuesta plantea modificar parcialmente la CPE para introducir cambios estructurales, entre ellos la asignación de un presupuesto mínimo para el Órgano Judicial, la creación de una Comisión Nacional de Postulaciones y el fortalecimiento de mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
“La reforma de la justicia en Bolivia es una exigencia constitucional”, afirmó la jueza Marianela Salazar, quien advirtió que los principios de independencia e imparcialidad “se ven gravemente afectados por limitaciones estructurales”.
En paralelo, juristas y organizaciones civiles impulsan la creación de una Comisión Nacional para la Reforma de la Justicia, cuyo objetivo es sistematizar las distintas propuestas existentes y construir consensos políticos e institucionales. Esta instancia busca definir una hoja de ruta que articule reformas constitucionales, legales y administrativas.
“El país tiene muchas propuestas, pero no hay quién ordene la discusión”, señaló el jurista Ramiro Orias, al explicar que la iniciativa apunta a generar un espacio de diálogo que permita traducir las ideas en decisiones concretas.
El diagnóstico que sustenta ambas propuestas es compartido. El sistema judicial recibe alrededor de 160.000 causas penales al año, mientras cada juez atiende entre 1.500 y 1.800 procesos, lo que genera una sobrecarga crítica. A esto se suma que entre el 58% y el 66% de la población penitenciaria se encuentra en detención preventiva.
Además, el 79% de la población vincula la retardación de justicia con corrupción judicial, lo que evidencia una profunda crisis de legitimidad. Factores como la injerencia política en la designación de autoridades, la alta proporción de jueces transitorios y el bajo presupuesto —cercano al 0,33% del total estatal— agravan la situación.
Desde la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol) se respalda la necesidad de una reforma integral, con énfasis en garantizar independencia judicial mediante mayor financiamiento, estabilidad laboral y procesos meritocráticos. “Sin una independencia judicial, no podemos garantizar un buen servicio a la ciudadanía”, advirtió Salazar.
El camino legislativo para la reforma constitucional exige la aprobación de dos tercios en la Asamblea Legislativa y un referéndum aprobatorio, un proceso que podría tomar al menos seis meses en un escenario favorable. En paralelo, la propuesta ciudadana apuesta por generar acuerdos que faciliten ese tránsito político.
Pese a las diferencias en el enfoque, ambas iniciativas convergen en un punto central: la justicia boliviana requiere una transformación profunda y urgente. El desafío, coinciden los actores, no radica solo en definir las reformas, sino en construir las condiciones políticas y sociales para hacerlas realidad.
