La escena comenzó en la plaza Murillo, un ambiente donde se concentra el poder político en La Paz. Un pequeño grupo de docentes se había instalado en el suelo, frente a las instalaciones de la Asamblea Legislativa, con consignas que reclamaban la creación de nuevos ítems para el sistema educativo. Eran pocos, visibles, y no bloqueaban el paso. Sin embargo, la situación cambió de forma brusca cuando efectivos policiales intervinieron para dispersarlos.
En cuestión de minutos, la protesta —que solo llegaba a ocho participantes— fue contenida con uso de gas lacrimógeno y empujones. La intervención, lejos de ser gradual, se tornó rápida y caótica. En medio de ese despliegue, periodistas que cubrían la situación fueron agredidos por la Policía.
La periodista Erika Segales, del medio El Deber, se encontraba registrando lo ocurrido desde un costado cuando fue alcanzada por agentes policiales. Relata que se identificó como prensa mientras documentaba la dispersión de las maestras, pero asegura que eso no evitó la agresión.
“Me pidieron que me retire, pero no me dieron espacio ni para responder. Después me rociaron gas directamente al rostro”, contó. Segales describe que, tras perder momentáneamente la visibilidad, fue rodeada por varios uniformados que continuaron empujándola fuera del área.
Según su testimonio, la presencia policial superaba ampliamente al número de manifestantes. También afirmó que otros colegas fueron alcanzados por el gas o retirados por la fuerza mientras intentaban captar imágenes.
En el mismo lugar, el camarógrafo de DTV, Kevin Mollinedo Ríos, también resultó afectado mientras realizaba la cobertura. Relata que la intervención policial no distinguió entre manifestantes, transeúntes o periodistas, y que el uso de gas se extendió incluso hacia zonas donde se encontraban equipos de prensa trabajando.
“Nos gasificaron con cilindros a los pies… imagínese si hubiera sido a la cara”, recuerda. Según su testimonio, la situación se tornó caótica en cuestión de minutos, obligando a los reporteros a retroceder mientras intentaban proteger sus equipos y continuar con la cobertura. También señala que había otras personas alrededor —incluidos vendedores y niños— que terminaron igualmente expuestos al gas.
Mollinedo afirma que, pese a identificarse como prensa, los empujones continuaron y el acceso a la cobertura fue restringido de forma violenta. “Nos decían fuera de aquí con palabras fuertes, nos empujaban y no nos dejaban grabar”, señala, al describir un ambiente donde la labor informativa se volvió prácticamente imposible.
Para él, la situación abre una reflexión sobre los límites en el accionar policial durante coberturas de conflicto. Considera que tanto la prensa como la Policía cumplen roles distintos, pero que en este tipo de episodios se pierde esa línea. “Uno está trabajando, informando, pero terminamos siendo tratados como si estuviéramos del otro lado”, lamenta.
Sin atención y con secuelas
Tras la intervención, los periodistas quedaron sin atención médica inmediata y tuvieron que apoyarse entre colegas para mitigar los efectos del gas. En el caso de Segales, los síntomas incluyeron ardor en la piel, irritación en los ojos y dificultad para respirar, lo que le impidió incluso desplazarse con normalidad durante varios minutos.
Más allá de lo físico, ambos coinciden en que el impacto más profundo es emocional. La sensación de vulnerabilidad en un espacio donde ejercían su trabajo dejó una carga difícil de procesar. “Da mucha rabia e impotencia, porque estás trabajando y aun así te tratan como si estuvieras haciendo algo malo”, dice Segales.
El camarógrafo también reconoce que este tipo de situaciones afectan no solo el ejercicio profesional, sino la vida personal. La exposición constante a agresiones genera preocupación en sus familias y cuestionamientos sobre las condiciones en las que se desarrolla el trabajo periodístico en escenarios de conflicto.
A pesar de ello, ambos coinciden en que la cobertura no puede detenerse. La necesidad de registrar lo que ocurre sigue siendo parte central de su labor. Sin embargo, insisten en que estos hechos no deberían normalizarse y que es necesario establecer responsabilidades. “No puede ser que esto pase una y otra vez y no haya consecuencias”, concluye Segales.
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