Magistrada Isidora Jiménez. Foto captura TCP
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ordenó al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que disponga la desocupación inmediata de más de 54.000 hectáreas de tierras comunitarias que han estado ocupadas desde 2017 por interculturales. Así lo informó la magistrada Isidora Jiménez, miembro de la Sala Cuarta del TCP.
«Se dispone la restitución de la posesión ancestral. Se le otorga un plazo para que el INRA, con el auxilio de la fuerza pública, proceda a restituir la posesión del pueblo tsimane», dijo en conferencia de prensa la magistrada, rodeada de pobladores del pueblo tsimane.
La determinación responde a una acción de defensa constitucional interpuesta por comunidades indígenas afectadas por la ocupación prolongada de sus territorios ancestrales. En su sentencia 935/2024-S3 del 30 de diciembre de 2024, el TCP establece que el INRA debe garantizar el cumplimiento de esta orden bajo responsabilidad penal, civil y administrativa, en caso de incumplimiento.
«Es una victoria simbólica y jurídica para los pueblos indígenas en Bolivia al consolidar principios de ancestralidad, posesión, propiedad comunitaria y protección ambiental dentro de la jurisprudencia constitucional», enfatizó la magistrada.
El fallo señala que se concede la tutela para que se admita la demanda de dotación y titulación de tierras, en resguardo de los siguientes derechos:
- El derecho a la libre determinación, a la territorialidad, a la titulación colectiva, a la propiedad, la posesión y el debido proceso.
- El derecho al hábitat y a un medio ambiente adecuado.
Además, se otorgan medidas precautorias y se dispone la restitución de la posesión ancestral de las tierras.
El conflicto por tierras ha sido un foco de tensión entre comunidades indígenas y sectores interculturales –grupos campesinos originarios de otras regiones que migraron a zonas productivas del oriente del país–. En este caso, según la magistrada, la ocupación ha persistido durante más de siete años pese a las denuncias formales presentadas por los propietarios originarios.
La sentencia del TCP también instruye que las autoridades correspondientes brinden garantías a las comunidades demandantes y supervisen el proceso de desalojo conforme a la normativa vigente.
Jiménez informó que también el fallo ordena una auditoría para que se revise el proceso de otorgación de asentamientos concedidos por el INRA.
Este fallo marca un precedente en la defensa de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y pone en evidencia el rol fiscalizador del TCP frente a omisiones institucionales en materia agraria.
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