En octubre de 2024, los comunarios de Chiquiacá instalaron una vigilia en el ingreso a Saicán. Foto: RRSS
ANF y Sumando Voces
A más de un mes de la resolución de rechazo a la denuncia que presentó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, determinó la continuidad del proceso penal contra 29 comunarios del cantón de Chiquiacá porque existen actuaciones pendientes.
La decisión coincidió con una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada este viernes, en la que diversos representantes internacionales expresaron preocupación por la criminalización de los defensores ambientales, en Bolivia, particularmente en el caso de Tariquía, que es el que motivó la audiencia. Entre quienes expresaron preocupación se encuentran un representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo de Bolivia, la propia CIDH y los comunarios de Chiquiacá que están siendo procesados por YPFB.
“Hemos sido notificados con la revocatoria de la resolución de rechazo a la denuncia que presentó YPFB contra los comunarios de Chiquiacá y Tariquía, en el entendido de que el pasado 13 de enero se ha emitido una resolución de rechazo. Curiosamente, 30 días después de eso ha sido revocada por la fiscal departamental”, informó a la ANF Jorge Ibarra, abogado de los comunarios.
El 21 de enero de este año, el fiscal Beimar Farfán del municipio de Entre Ríos emitió una resolución de rechazo a la demanda penal que presentó la estatal petrolera en octubre de 2024 contra 29 comunarios de la Reserva de Tariquía, porque los indicios colectados no son suficientes que permitan sustentar una imputación.
Ibarra explicó que la fiscal argumentó que el caso no se puede cerrar porque no se realizaron al menos dos actuaciones: el desfile identificativo de los procesados y la toma de declaración de dos personas que serían funcionarios de YPFB.
“Entendemos que está dentro de sus facultades y que los argumentos de la revocatoria fue que están pendientes actos investigativos, en este caso son dos: el desfile identificativo de las personas denunciadas y; segundo, la toma de declaraciones a dos testigos que aparentemente no prestaron su declaración”, indicó.
Según la denuncia, los comunarios instalaron una vigilia en la entrada de la localidad de Saicán para evitar que los funcionarios de YPFB y Petrobras realicen trabajos de exploración en el pozo Oso Domo X3, incluso afirmaron que asumieron una actitud agresiva por lo que tuvieron que retirarse. Sin embargo, un día después los trabajadores retornaron acompañados por un contingente policial.
El jurista aseguró que no existen fundamentos para sustentar los tipos penales por los que son procesados, además, consideró que no es necesario realizar un desfile identificativo porque en la denuncia se encuentran los nombres de las personas que, supuestamente, impidieron el trabajo de YPFB.
“Nosotros no entendemos qué tendría que ver un desfile identificativo cuando aparentemente se habría identificado en la denuncia a quienes habrían impedido y estorbado la función pública. No se entiende esa determinación de la fiscal”, añadió.
Parcialización
Por otra parte, la dirigente del cantón de Chiquiacá, Nelly Coca, cuestionó la decisión de la fiscal de continuar con el proceso y consideró que está parcializada con el fin de beneficiar a la estatal petrolera. Afirmó que, a pesar de la demanda penal, continuarán defendiendo su territorio y el derecho a la vida.
“La fiscal está tratando de direccionar las investigaciones, en primera instancia se rechaza la denuncia porque no hay fundamentos para que nosotros estemos perjudicando su trabajo. Nosotros estamos defendiendo nuestro territorio y el derecho a la vida”, manifestó.
El viernes se llevó a cabo la audiencia pública 192 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde los comunarios de la Reserva de Tariquía denunciaron la persecución judicial por parte del Gobierno. Los comisionados recomendaron al Estado boliviano reforzar la protección de los defensores del medio ambiente.
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