ONU Derechos Humanos pide una investigación imparcial para establecer las responsabilidades de las muertes en Bolivia

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El cuerpo de uno de los policías asesinados en Llallagua.

Mediante un comunicado, ONU Derechos humanos urgió a que se haga una investigación imparcial y exhaustiva para establecer las responsabilidades de las muertes ocurridas esta semana en Bolivia en el marco del bloqueo de caminos que exige la habilitación del expresidente Evo Morales como candidato presidencial.

“Urge una investigación imparcial y exhaustiva para establecer las responsabilidades tras estas muertes y hechos de violencia, a fin de garantizar la justicia y prevenir la impunidad”, instó Jan Jarab, Representante de ONU Derechos Humanos para América del Sur.

El representante señala que “también se deben realizar todos los esfuerzos para reducir las tensiones y evitar nuevos hechos de violencia”.

En ese marco, urgió a todos los sectores a privilegiar el diálogo democrático y respetar los derechos humanos en el país.

La Oficina condenó con firmeza los recientes hechos de violencia y las muertes de al menos cinco personas –incluidos tres policías y un bombero en Llallagua (Potosí), y un particular en Cochabamba-, según datos oficiales.

El Representante afirmó que las normas internacionales de derechos humanos no amparan a quienes incitan o cometen actos de violencia durante una manifestación, en particular aquellos que pueden provocar lesiones o muerte.

También recordó que el derecho al voto en condiciones de libertad es esencial para el Estado de Derecho y condición necesaria para la vigencia de los derechos humanos. A su vez, expresó la preocupación de su Oficina frente a amenazas reportadas por integrantes del Tribunal Supremo Electoral y otras instituciones. “Llamamos a todos los sectores a resguardar la continuidad del proceso electoral democrático”, expresó.

Finalmente, el Representante demandó abordar las distintas causas estructurales de conflictividad social en el país y reiteró la disposición de la Oficina para brindar asistencia técnica al Estado para el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de derechos humanos.

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