Participantes de la Sociedad civil iberoamericana. Foto: Sociedad Iberoamérica General
Plataformas y redes de la sociedad civil de Iberoamérica concluyeron el 30 de octubre en Madrid el XVI Encuentro Cívico Iberoamericano con la entrega de una declaración conjunta dirigida a las jefas y jefes de Estado y de Gobierno de la región. El foro culminó con un acuerdo clave: la creación de una agenda común y un mecanismo de seguimiento ciudadano dotado de plazos, recursos y responsables para llevar a la práctica los compromisos, además de fijar una hoja de ruta para reforzar la democracia, articular políticas públicas de igualdad e impulsar una transición digital con enfoque de derechos.
La declaración reúne un diagnóstico sobre las principales crisis que afectan a la región y siete líneas de propuestas dirigidas a las y los gobernantes para contribuir a la nueva Estrategia de Cooperación Iberoamericana. Al vincular la acción institucional con la vigilancia comunitaria, las organizaciones buscan garantizar que las decisiones adoptadas en las cumbres regionales respondan a soluciones tangibles en el territorio y consoliden una colaboración permanente entre las instituciones y la ciudadanía.
La declaración emanada del encuentro reúne propuestas para fortalecer la democracia, la independencia judicial, la participación ciudadana, avanzar en políticas de igualdad, proteger los derechos considerando el espacio digital y la protección de las personas defensoras de derechos humanos. También pidieron establecer marcos legales que permitan el funcionamiento de las organizaciones sociales.
Alerta por reducción del espacio cívico y las principales demandas
Sobre la situación democrática, las plataformas advierten que Iberoamérica atraviesa una reducción sistemática del espacio cívico, restricciones legales y administrativas contra organizaciones, amenazas a periodistas y personas defensoras, además de campañas de odio que buscan limitar los derechos de las mujeres y la diversidad sexual.
El documento sostiene que la democracia no se limita a la realización de elecciones libres, sino que requiere derechos efectivos, controles al poder, información plural y oportunidades reales para que la ciudadanía participe, proponga y exija rendición de cuentas entre un proceso electoral y otro.
En ese sentido, los Estados demandan incorporar en la nueva Estrategia de la Cooperación Iberoamericana el Estado de derecho, la independencia judicial, la no regresión de derecho, la libertad de expresión y asociación, la protección de personas defensoras y el acceso a la información.
Asimismo, piden garantizar marcos legales habilitantes para las organizaciones de la sociedad civil sin uso abusivo de normas tributarias, penales o de registro.
Otra de las propuestas, también figura asegurar instituciones y presupuestos estables para la igualdad de género, avanzar hacia la paridad con poder efectivo, prevenir y atender las violencias contra las mujeres y las diversidades, y garantizar los derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, plantea desarrollar sistemas integrales de cuidados, reconocer el valor de este trabajo y eliminar las barreras que limitan la autonomía económica y la participación de las mujeres.
En el ámbito de la transformación digital, las organizaciones consideran necesario fortalecer la regulación de las tecnologías emergentes, incluida la inteligencia artificial, mediante evaluaciones públicas de sus impactos en los derechos humanos y el medio ambiente, transparencia, supervisión humana y protección de datos.
La agenda incluye además propuestas sobre seguridad democrática y paz, con énfasis en la protección de la vida, la prevención de conflictos, las oportunidades para las juventudes y el control democrático de las políticas de seguridad, sin criminalizar la pobreza, la diversidad ni la protesta.
En cuanto a la cooperación internacional, la declaración plantea que las prioridades regionales se traduzcan en una hoja de ruta con responsables, plazos, presupuestos e indicadores públicos. También pide fortalecer los servicios públicos y avanzar hacia una fiscalidad progresiva, considerando las desigualdades y vulnerabilidades de cada país, más allá de la renta por habitante.
En cuanto al tema ambiental, las organizaciones piden que los grandes proyectos de inversión internacional y los acuerdos sobre materias primas críticas no deterioren el espacio cívico ni beneficien a redes de corrupción. Para ello, plantearon garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada, además de incorporar la participación territorial en los planes de transición ecológica justa y accesible.
La declaración también propone regular especialmente la explotación del agua, las tierras raras y los minerales críticos para el desarrollo tecnológico, proteger la biodiversidad y garantizar condiciones de seguridad para quienes defienden el medio ambiente.
“Acordar planes de transición ecológica justa y accesible con metas, financiamiento y participación territorial (…) Garantizar que los grandes proyectos de inversión internacional y los acuerdos de materias primas críticas no deterioren el espacio cívico ni beneficien a redes de corrupción garantizando el acceso a la consulta previa, libre e informada”, señala el documento.
Participación de la sociedad civil
Las organizaciones reunidas también asumieron compromisos para construir propuestas desde los territorios, con participación efectiva de la ciudadanía, fortalecer su transparencia y aportar evidencia, conocimiento comunitario y propuestas a las políticas públicas.
Asimismo, anunciaron que promoverán alianzas regionales para proteger a personas defensoras, combatir la desinformación y compartir capacidades frente a los riesgos climáticos y digitales. También se comprometieron a publicar un seguimiento ciudadano de los acuerdos de la Cumbre y de la nueva Estrategia de Cooperación Iberoamericana.
Finalmente, solicitaron que la Declaración de la XVI Cumbre Iberoamericana incorpore un capítulo específico sobre democracia, derechos humanos y espacio cívico. “La confianza democrática se construye cuando los Estados garantizan derechos y abren poder de decisión, y cuando la sociedad civil puede ejercer libremente su responsabilidad pública”, finaliza el documento.
