Miguel Vargas Delgado, director del CEJIS. Foto: Cedida por Vargas
La situación de los pueblos indígenas ha provocado un remezón en el país en los últimos días por la muerte violenta del integrante del Pueblo Leco, Francisco Marupa, ocurrida en el Parque Nacional Madidi. El Gobierno prácticamente dio por cerrado el caso, pero el macabro crimen ha revelado la situación de presión en la que viven los pueblos indígenas, entre ellos, el Pueblo Leco.
El director de Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), Miguel Vargas Delgado, en entrevista con Sumando Voces analiza la situación y concluye que el Estado Plurinacional ha abandonado a los pueblos indígenas como sujetos de la reforma agraria y ha convertido a las comunidades de colonizadores, ahora llamadas interculturales, en los nuevos sujetos de ese proceso para la dotación de tierras.
El especialista alerta que Bolivia podría seguir los pasos de Perú, Colombia y Brasil, donde muy frecuentemente se asesina a líderes y lideresas defensores de la naturaleza. E incluso alerta sobre la probable desaparición de algunos pueblos indígenas, que ahora se encuentran en situación de vulnerabilidad.
¿Este asesinato es un hecho aislado como lo ha presentado el Gobierno o está en el marco de la violencia sistemática que hay en contra de los pueblos indígenas?
Definitivamente, este no es un hecho aislado. Es un hecho que lamentablemente refleja el nivel al que está llegando la violencia sobre los territorios indígenas, sobre las comunidades indígenas. Hay un responsable que es el Estado, que lamentablemente en los últimos años, ha dejado de cumplir el rol que tiene como garante de derechos para que las comunidades indígenas vivan en el marco del derecho a la libre determinación.
Por tanto, preocupa y llama la atención que muy rápidamente en los últimos años, una mayor presencia de las ilegalidades en los territorios indígenas: minería ilegal, tráfico de madera, cacería ilegal, presencia de actividades ilícitas como el narcotráfico. Son situaciones que vemos con mucha frecuencia en otros países, como Ecuador, Perú, Colombia, donde se ha vuelto natural la violencia que deriva en el asesinato de líderes indígenas. Esto es muy peligroso.
El Estado no debe limitarse con tanta facilidad a comunicados como los del del ministro de Gobierno, por el contrario, se debe profundizar la investigación, tiene que caer todo el peso de la ley sobre los autores materiales e intelectuales de este asesinato.
¿Cómo puede explicarse esta situación si vivimos en un Estado plurinacional con un gobierno que reivindica los derechos de los pueblos indígenas”.
El estado plurinacional tiene una Constitución que ha avanzado muy bien en el reconocimiento formal de los derechos a favor de comunidades indígenas, sin embargo, vemos que la brecha entre el reconocimiento formal y el cumplimiento de estos derechos, de los principios, de las garantías que están establecidas a favor de comunidades indígenas, se hace cada vez más grande. En vez de reducir esto, se hace más grande. Y eso se debe también a que en últimos años somos testigos de un proceso de desconstitucionalización, es decir, que se han aprobado leyes, decretos, resoluciones de menor jerarquía que van en total contrasentido de la Constitución, que han desnaturalizado los contenidos del texto constitucional.
Y las víctimas directas de este proceso son las comunidades indígenas, que se ven cada vez más presionadas y amenazadas por el modelo de desarrollo extractivista, que es en realidad la apuesta del actual Gobierno, pero si vemos en el contexto electoral en el que estamos, es la apuesta de todos los actores políticos.
Entonces, esto sí nos tiene que llamar la atención seriamente porque estamos frente a un escenario en el que las situaciones de despojo hacia las comunidades indígenas van a ser mucho más recurrentes.
Y será muy lamentable ver que nos convirtamos en un país como Perú, Colombia o Brasil, en los que a diario se conoce hechos de asesinatos de líderes y lideresas que defienden la vida, defienden sus territorios, defienden sus comunidades, defiende el medio ambiente.
Mira la entrevista a Miguel Vargas en video:
¿Esto quiere decir que se trata de una acción deliberada de parte del estado para que esta situación haya llegado hasta estos niveles?
Hay una omisión del Estado, de sus instituciones de cumplir con el rol que tienen de garantizar la vida en general de todos los ciudadanos, pero particularmente de poblaciones indígenas, que se encuentran en un grado de vulnerabilidad. Entonces, sí, hay una responsabilidad del Estado y esto refleja la violencia estructural que soportan las comunidades indígenas, lo que se profundiza por apostar por un modelo en el que se ven a los medios de vida indígenas, a los territorios indígenas, como estos espacios de conquista, de donde se debe tomar todos los recursos sin considerar que son espacios en los que habitan seres humanos, en los que se desarrollan organizaciones, comunidades.
¿Cree que estas acciones afectan más a los pueblos indígenas de tierras bajas que a los de tierras altas o la situación es similar?
Todos los pueblos indígenas están sufriendo estas amenazas. Esta inacción del Estado está haciendo que la condición de vulnerabilidad de pueblos indígenas se acreciente. Situaciones como la del Pueblo Ayoreo aquí en Santa Cruz o lo que hemos visto los últimos años con el pueblo Ese Ejja, que se está viendo impactado por la presencia de mercurio en sus organismos, nos llevan a pensar que al ritmo que vamos, en muy poco tiempo, vamos a estar presenciando la extinción de estos grupos. Y vamos a ser cómplices, lamentablemente, de este etnocidio. La información que se tiene en las tierras bajas es que, de los 34 pueblos que habitan en esta esta región, 18 se encuentran en situación de alta vulnerabilidad, que se ven cada vez más amenazados, más presionados por el modelo y no se toman las medidas necesarias para garantizar que ellos puedan vivir de manera digna y puedan preservar su integridad física. Entonces, es una situación compleja la que estamos viviendo y el Estado boliviano tiene una responsabilidad que cumplir y desde la sociedad civil tenemos la responsabilidad de denunciar y de exigir que el Estado cumpla.
¿Qué nos puede decir del Pueblo Leco y el acoso que sufre, según denuncia lanzada por su propia organización?
A raíz del asesinato de del compañero Francisco Marupa, hemos estado haciendo un seguimiento respecto a cuáles son las principales amenazas sobre esta esta región y vemos con preocupación que, desde el 2014, cuando se hace una reforma a la Ley de Minería, se permite la expansión de las actividades mineras hacia la Amazonía del país. La presencia de minería ilegal está generando mayor presión a este territorio, no solamente al territorio del pueblo leco, sino en general a todo el parque Madidi. A esto se suma el hecho de que en Bolivia estamos cerrando el proceso de saneamiento y titulación de tierras y el INRA no abre la información. Conocer cuánta es la superficie real a favor de pueblos indígenas y si los pueblos indígenas van a acceder a mayor territorio es una prácticamente una misión imposible.
El INRA no ha abre su base de datos y además ha tomado la postura de que ha cumplido ya el Estado plurinacional con la demanda de pueblos indígenas. Lo cierto es que en el caso de tierras bajas se han logrado titular aproximadamente 13 millones de hectáreas a favor de pueblos indígenas, sin embargo, la demanda de titulación aún está pendiente, queda bastante por titular.
Entonces, el Estado plurinacional tiene una deuda todavía con los pueblos indígenas, pero lamentablemente ha abandonado a este sujeto como el sujeto de beneficiario de la reforma agraria. Hoy el sujeto de la reforma agraria son comunidades colonizadoras, interculturales, pequeños propietarios. Estamos lamentablemente retrocediendo a hace 70 años porque ha cambiado la visión de la titulación, no se privilegia ya la titulación colectiva de la tierra, sino hemos vuelto a esta dinámica de parcelar la propiedad agraria en pequeñas áreas, pequeños espacios para familias de colonizadores que están muy cercanos a las TCO o a territorios indígenas.
Usted dijo al principio de esta entrevista que el narcotráfico es uno de los problemas que también está ejerciendo presión sobre los pueblos indígenas en momentos en que se conoce que aumentó la producción de coca en las áreas protegidas. ¿Esto tiene que ver con el narcotráfico?
La verdad ese es un tema pendiente. Los amigos del CEDLA han realizado un estudio sobre esto. Lamentablemente el INRA no entrega información del estado del saneamiento, por tanto, hay no hay la posibilidad de acceder a información que nos permita saber a ciencia cierta cuál es el grado de presencia de terceros en los territorios indígenas. Lo cierto es que en la región, la presencia de minería ilegal, la presencia de las ilegalidades en general, que vienen acompañadas además de otros temas como la trata y tráfico de personas, que tienen que ver con la presencia de narcotráfico. Y, en el caso de la minería cooperativizada, se ha denunciado la presencia de personas de origen chino y colombiano, en los ríos de la Amazonía. Bolivia forma parte de estas zonas de frontera que están resistiendo cada vez más las presiones de las ilegalidades, entre ellas la del narcotráfico.
¿Qué implicancias tiene el proyecto de Ley que busca dejar en suspenso la verificación de la Función Económica y Social?
Es un es un proyecto que a nosotros nos llama la atención porque denota que desde hace años se ha ido consolidando una alianza entre los sectores más conservadores vinculados al agronegocio con actores del campo popular rural, me refiero a organizaciones de campesinos colonizadores e interculturales. Esta alianza busca consolidar el modelo del agronegocio en desmedro de los territorios indígenas, de las áreas protegidas, de los bosques, de la vida de los bolivianos.
El proyecto de ley, que ha sido promovido por una senadora de Santa Cruz, abre la posibilidad de que se paralice la verificación de la Función Económica Social (FES) por siete años para aquellas propiedades en las que supuestamente han sido víctimas del fuego, cuando la información que nos ha dejado la tragedia que hemos vivido el año 2024 y en años anteriores, refleja que los responsables de los incendios forestales en el país tienen nombre y apellido y son los propietarios de la tierra en gran y mediana propiedad. Lo que plantean es tener impunidad durante siete años, que no se verifique la función económica social y que no sean responsables por el daño que le han hecho al país.
Pero, el mismo proyecto de ley plantea dejar en la impunidad y legalizar a otro de los actores que también son responsables de los incendios forestales que tienen que ver con el sector campesino, colonizador e intercultural, que de manera inconstitucional ha establecido asentamientos de comunidades en áreas en las que no se pueden asentar porque son áreas fiscales.
Este proyecto de ley en realidad trata de generar la impunidad respecto a un daño que se ha causado al patrimonio natural del país, a los territorios indígenas.
Un informe que hemos hecho nosotros el año pasado da cuenta de que el 20% de las 13 millones de hectáreas que han sido tituladas a favor de pueblos indígenas ha sido quemado por los incendios generando un impacto no solamente al medio ambiente, sino un impacto a los derechos fundamentales de comunidades indígenas, el derecho a la vida, a la integridad física, a vivir en un medio ambiente sano.
Y por otro lado, lo que pretende es blanquear esta ilegalidad que es además validada por la omisión en el cumplimiento de las facultades que tiene el INRA.
Entonces, estamos frente a una alianza público-privada, empresarial y campesino colonizador intercultural, que pretende consolidar el agronegocio en desmedro de los derechos de comunidades indígenas y en desmedro de los derechos que tenemos los bolivianos a vivir en un medio ambiente sano.
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