Juicios que “abrevian” los derechos

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Editorial Sumando Voces

César Apaza no es el único preso que tuvo que inculparse para obtener su libertad y acceder a un servicio de salud que le garantice la vida. Muchos otros optaron por el mismo camino ante la imposibilidad de acceder a una justicia independiente, transparente y oportuna.

En los últimos meses, al menos 10 personas se acogieron al juicio abreviado, en el que admitieron su culpa para obtener su libertad.

Entre los cocaleros de Yungas, recurrieron a esta figura el exdirigente de Adepcoca, Freddy Machicado, además de Gonzalo Lupaca, Omar Pino y Porfirio Rivero. Entre tanto, el cocalero Raúl Uría también denunció haber recibido presiones para autoinculparse a cambio de su libertad.

En el caso Golpe I, se declararon culpables para obtener su libertad dos exministros del gobierno de Jeanine Añez y cuatro exjefes militares. Se trata de los exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, y de los exjefes castrenses Pastor Mendieta, Jorge Terceros, Palmiro Jarjury y Flavio Arce.

Todos los que se declararon culpables lo hicieron únicamente ante juez y cuando tuvieron la oportunidad de hablar públicamente, indicaron que son inocentes y que aceptaron el juicio abreviado para poder salir de la cárcel. De hecho, se conoce que es el propio Gobierno el que induce a los acusados a someterse a esta modalidad, pese a que también es el acusador.

El juicio abreviado ha sido instaurado en Bolivia para optimizar recursos, aliviar la congestión y mejorar el sistema penal, pero en ningún caso para “abreviar” o mutilar los derechos de las personas como está sucediendo actualmente.

César Apaza, que permaneció preso durante 16 meses acusado de la destrucción del mercado ilegal de coca, lo primero que dijo al salir de la cárcel es que no es un traidor de su gente y que, si se declaró culpable, es para acceder a un servicio de salud y para proteger a su madre y a su hermana, que también estaban sufriendo las consecuencias de su apresamiento.

Sus palabras estuvieron demás porque, a estas alturas, quién podría juzgarlo. Lo que hizo es lo que haría cualquier ser humano que tiene sus fuerzas al límite.

Los que no se declaran culpables en un juicio abreviado pese a ser “invitados” a hacerlo, deben resignarse a vivir como detenidos preventivos.

Ese es justamente otro de los problemas de las cárceles bolivianas. Según un reporte de la Defensoría del Pueblo, casi el 70% de los presos están con detención preventiva, lo que quiere decir que no se sabe si son culpables o inocentes, lo que constituye un pisoteo a la dignidad humana.

Estos temas tienen directa relación con la crisis de la justicia, por lo que es importante que se encare, lo antes posible, una reforma del sistema judicial para que se garantice la tutela de los derechos humanos. Pero, antes de eso, se debe restituir la constitucionalidad con el nombramiento de magistrados por voto popular.

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