En un contexto de crisis multidimensional, Bolivia enfrenta el reto de atraer inversiones que impulsen el crecimiento de su economía guardando el equilibrio entre el desarrollo y la protección de los derechos humanos y del medio ambiente. Esta es la idea que estará en el centro de un conversatorio sobre inversión sostenible que convoca a representantes del Estado, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, la academia, juristas y empresas, que debatirán y generarán propuestas para construir un modelo de inversión sostenible y responsable.
El encuentro —denominado “Un justo balance entre la protección a los derechos humanos, las inversiones y el medio ambiente”— se desarrollará en la ciudad de La Paz el jueves 13 de agosto. El objetivo es «explorar las tendencias y tensiones entre los distintos mecanismos de protección de derechos humanos y de inversiones, así como los métodos alternativos de solución de controversias, para orientar en el diseño de políticas y normativas de inversión sostenible».
La necesidad de esta reflexión nace del hecho de que, a lo largo de las últimas décadas, proyectos de infraestructura, energía y minería, entre otros, han generado controversias que se han ventilado en foros nacionales e internacionales, obligando al Estado a adoptar medidas que permitan su desarrollo en armonía con los derechos e intereses de la ciudadanía que pudiera verse afectada.
De acuerdo con los organizadores, los puntos clave de tensión radican principalmente en el choque entre las medidas de protección a los derechos humanos y ambientales y los compromisos asumidos con los inversionistas extranjeros, sobre todo cuando el resguardo de los derechos es interpretado como una expropiación indirecta o un incumplimiento contractual.
En todo caso, los promotores de evento resaltan también que «en materia de arbitrajes de inversión parece existir un cambio de tendencia hacia el favorecimiento de la protección de los derechos humanos». En ese sentido, sostienen que el desafío consiste en impulsar políticas públicas de inversión responsable y sostenible que incorporen factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo, así como la gestión de las tensiones que eventualmente pudieran surgir.
«La cuestión central es cómo lograr una articulación más coherente entre estos regímenes, de modo que la protección de derechos y la estabilidad de las relaciones financieras internacionales se refuercen mutuamente», señalan.
La agenda del evento
Las y los participantes abordarán temas como inversión privada, sostenibilidad, gestión de conflictos, Derechos Humanos en la región y mecanismos y estándares internacionales para la resolución de controversias.
Además de dos disertaciones a cargo de expertos internacionales, se desarrollarán tres paneles. El primero sobre cambio climático y tendencias de los sistemas de protección de los derechos humanos; el segundo, dedicado a analizar políticas de gestión de inversión sostenible en contextos de conflicto; y el tercero sobre la evolución del abordaje de las medidas de protección de derechos humanos en los arbitrajes de inversión.
De igual manera se trabajará en propuestas para la prevención y gestión de conflictos derivados de proyectos de inversión y en legislación para la protección y promoción de las inversiones privadas y transparencia de contratos.
Entre los participantes se contará con las exposiciones y aportes del actual ministro de la Presidencia Fernando Aramayo, el exministro de Planificación Fernando Romero, expertos del Columbia Center for Sustainable Investment, CEJIL y la Fundación para el Debido Proceso, además de abogados y expertos en arbitraje de Bolivia, Chile, Perú y Estados Unidos. La apertura incluirá también la participación de Mila Reynolds Brun, directora de Red UNITAS.
Organizan el evento la Sociedad Boliviana de Arbitraje (SBA), la Asociación Latinoamericana de Arbitraje (ALARB), el Centro de Justicia y del Derecha Internacional (CEJIL) y la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Red UNITAS).
