Dirigentes de Tariquía. Foto: Tariquía Hoy
Lo que para la comunidad de San Antonio representó inicialmente una esperanza de desarrollo terminó convirtiéndose, según sus dirigentes, en un escenario de conflictos internos, incumplimiento de compromisos y problemas ambientales. La secretaria general de la comunidad, Maclovia Rocío Velásquez Alemán, afirmó que, tras el ingreso de empresas petroleras al área de influencia de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, los beneficios prometidos nunca llegaron y, en cambio, la población quedó dividida y con demandas que, asegura, no han sido atendidas por las autoridades.
Velásquez relató que los comunarios inicialmente respaldaron el ingreso de las petroleras porque fueron informados de que la actividad traería obras, proyectos productivos y mejores condiciones de vida. Incluso, dijo, llegaron a impedir el paso de personas que defendían la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, convencidos de que la explotación de hidrocarburos beneficiaría a la población.
«Nos dijeron que íbamos a tener proyectos, ayudas y que íbamos a salir del sufrimiento que vivimos en el campo. Nosotros creímos en eso y defendimos el ingreso de las petroleras», afirmó.
Sin embargo, sostuvo que, una vez instaladas las empresas, las promesas quedaron incumplidas y comenzaron los conflictos dentro de la comunidad. Según la dirigente, las compañías favorecieron únicamente a un reducido grupo de personas mediante contratos y oportunidades económicas, mientras el resto de los habitantes quedó al margen. «La única herencia que nos dejaron fue la división de nuestra comunidad», lamentó.
La representante comunal denunció que los pobladores incluso perdieron el acceso a una quebrada que tradicionalmente utilizaban para obtener alimentos durante la época seca y cuestionó que se hayan instalado restricciones de ingreso sin consultar a la comunidad.
Asimismo, afirmó que las organizaciones que cuestionaron el accionar de las empresas fueron excluidas de la representación comunal. Indicó que la personería jurídica que gestionaban fue entregada a un grupo minoritario y que desde entonces ese sector es reconocido como interlocutor por las empresas petroleras.
Velásquez también denunció presuntas irregularidades económicas. Señaló que las empresas utilizaron instalaciones comunales y posteriormente abandonaron el lugar sin cancelar los servicios básicos consumidos, dejando una deuda que tuvo que ser cubierta mediante aportes de los propios habitantes.
En el ámbito ambiental, expresó preocupación por la calidad del agua que abastece a la comunidad. Indicó que, tras un incidente con un camión cisterna en una quebrada cercana, varias familias comenzaron a presentar problemas de salud y, según afirmó, el personal del centro de salud atribuyó esos casos al consumo de agua. La dirigente aseguró que solicitaron estudios técnicos, pero hasta la fecha no recibieron respuesta.
La secretaria general también denunció que durante el proceso del Censo de Población y Vivienda varios comunarios no fueron registrados, pese a habitar permanentemente en la zona. Según su versión, durante las protestas hubo intervención policial, agresiones físicas y posteriormente procesos judiciales contra algunos pobladores.
Además, cuestionó que, pese a que San Antonio constituye uno de los principales accesos hacia el área donde operan las petroleras, la comunidad continúe sin infraestructura básica, con una escuela en condiciones precarias, un centro de salud con limitaciones y sin ambulancia.
Ante esta situación, Velásquez pidió la presencia de autoridades nacionales, de la Defensoría del Pueblo y de organismos de derechos humanos para verificar las condiciones en las que viven los habitantes y atender sus demandas. «Al principio pensábamos que el petróleo traería progreso. Hoy vemos que eso no ocurrió. Lo que dejó fue división y beneficios para unos pocos, mientras la comunidad sigue olvidada», concluyó la dirigente.
