Luis Fernando Camacho en una de sus salidas a audiencia. Foto: Ahora es pueblo
Un Grupo de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al Estado boliviano cumplir las recomendaciones relacionadas a la detención preventiva del gobernador Luis Fernando Camacho. El ministro de Justicia, César Siles, dijo que el Gobierno “no está de acuerdo” y pedirá su revisión.
“Recomienda al Estado boliviano el cumplir algunas recomendaciones relativas a la detención del señor (Luis Fernando) Camacho. Aclarar que este informe es emitido por un Grupo de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de ONU”, informó el ministro de Justicia y Transparencia Institucional.
Precisó que de acuerdo a los procedimientos de la ONU, el informe todavía es “sujeto de revisión”. Los ministerios de Justicia, Gobierno, Cancillería y Procuraduría analizan el contenido del reporte para preparar los argumentos de la “solicitud de revisión, porque (con) la mayor parte del mismo no estamos de acuerdo”.
Camacho está detenido desde diciembre de 2023, cuando fue detenido en el marco de un proceso penal en el denominado caso golpe I, a denuncia de la exdiputada Lidia Patty.
En su opinión ese grupo de trabajo omitió mucha información, pese a que la Procuraduría General del Estado presentó toda la información en 2023, por otra parte, considera que por el tiempo transcurrido, el informe del Estado boliviano “está desactualizado”, ya que cuando Camacho hizo la petición en 2022 y 2023 el proceso estaba en una etapa preparatoria de la investigación.
“El caso golpe I está en etapa de juicio, recién ha sido concluida la etapa testifical de cargo y empieza la etapa testifical de descargo y eso implica que en los próximos días o semanas va a concluir el juicio oral”, precisó.
Siles dijo que existen contradicciones entre los diferentes informes, por ejemplo con relación al informe de lo que dice el Grupo de Trabajo y lo que dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O «Son contradictorios digo, porque la CIDH y el GIEI coinciden que no hubo vulneración de derechos en ningún proceso judicial abierto”.
Aclaró que este reporte del grupo de trabajo de la ONU es una “opinión, no es una sentencia, no tiene carácter vinculante”. Por eso vamos a pedir la revisión esperemos que se pueda complementar la información (…) Esperamos que cambie esta opinión”, afirmó.
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