Marcha campesina e indígena. Foto: Alerta País
Indígenas del Beni se suman a la marcha que avanza hacia La Paz en rechazo a la Ley 1720 de reconversión de tierras, ampliando la presión social contra la norma. La movilización, impulsada desde Pando el 8 de abril, continúa creciendo con la incorporación de nuevas organizaciones, mientras en paralelo el Gobierno instala diálogos con la Confederacion de Pueblos Indigenas del Oriente Chaco y Amazonia de Bolivia (CIDOB) y establece acuerdos.
La columna que se suma a la manifestación está conformada por representantes de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B), junto a delegaciones del Territorio Indígena Mojeño Ignaciano, el Territorio Indígena Multiétnico y el Cabildo Indigenal de Bella Selva. Los marchistas partieron desde San Ignacio de Mojos con la intención de alcanzar a la movilización principal, que ya se encuentra en territorio paceño, según reportó el medio Alerta País.
“La Central de los Pueblos Indígenas de Moxos no negociamos, haremos respetar el derecho a la consulta. Lamentablemente nuestros dirigentes han negociado a nivel nacional junto con otras regionales, traicionando al movimiento indígena; eso es así, no hay otra forma de llamarlo”, afirmó Bertha Vejarano, asambleísta departamental de Beni en representación del territorio moxeño.
El eje de la protesta es la exigencia de derogar la Ley 1720, que —según los dirigentes— pone en riesgo la seguridad territorial de las comunidades indígenas. “Estamos listos para ir a la marcha”, afirmó Armando Sabi, presidente del TIMI, quien además pidió garantías para los movilizados.
Antes de iniciar el recorrido, los participantes asistieron a una misa en la sede de la subcentral del TIMI. “La misa será a las ocho de la mañana, porque después de misa, ya nomas queremos partir para darle alcance a los hermanos que han iniciado esta marcha”, indicó Mercedes Parada.
Desde la dirigencia, también se cuestiona la falta de atención a otras demandas. “Vamos a marchar porque el Gobierno mantiene actitudes que van en contra de los territorios y de los derechos de los pueblos indígenas, esta ley nos afecta a las comunidades con saneamiento simple y, a la larga, a los territorios”, señaló Víctor Yva, presidente de la CPEM-B.
En medio de la movilización, el tono de las críticas se ha endurecido. “Sí, estamos locos, locos pero de rabia, porque el Gobierno no soluciona el pésimo combustible que tenemos, la canasta familiar sube cada vez y ahora esta ley que atenta a comunidades y a los territorios, por eso nos vemos obligados a marchar”, expresó Sabi.
Mientras la marcha continúa su avance hacia la sede de gobierno, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, ha optado por abrir canales de diálogo con otros sectores. En ese marco, se alcanzaron acuerdos con la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano, lo que refleja un escenario dividido dentro del movimiento indígena frente a la normativa cuestionada.
Con la movilización en curso y negociaciones paralelas en marcha, el conflicto por la Ley 1720 se desarrolla en dos frentes: en las carreteras, con la presión de los marchistas, y en las mesas de diálogo, donde el Gobierno busca desactivar las protestas.
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