Amenazas a medios de comunicación. Foto: Captura Red Uno
En un clima de creciente tensión política y social, un grupo de manifestantes que protestaba el martes 10 de junio frente a la Fiscalía Departamental de Cochabamba lanzó amenazas contra los medios de comunicación locales advirtiendo con tomar y quemar instalaciones si sus demandas no eran difundidas.
La protesta, liderada por Franco García, dirigente identificado con el ala “evista” del Movimiento al Socialismo (MAS), se desarrolló en el centro de la ciudad y estuvo marcada por gritos hostiles y pancartas que acusaban a la prensa de “servilismo” al gobierno actual. “Que no se venda la prensa. Si no van a presentar esto, nosotros vamos a quemar instalaciones de la prensa”, declaró uno de los manifestantes cuando el periodista de Red Uno lo entrevistaba.
“Estamos aquí en protesta contra la Fiscalía y contra este gobierno hambreador. Si esta noticia no sale, tomaremos medidas drásticas”, advirtieron durante la manifestación. Los movilizados exigían la renuncia del gobierno y denunciaban persecución política.
Los protestantes reiteraron las amenazas: “Vamos a tomar medidas drásticas contra los medios de comunicación”.
Esta acción encendió las alertas entre los gremios periodísticos, que condenaron este tipo de intimidaciones por considerarlas ataques directos a la libertad de prensa. Desde que comenzó el bloqueo evista, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) recibió al menos nueve denuncias de violencia, intimidación y amenaza al trabajo de los medios.
Reacción de organizaciones de prensa
La presidenta de la ANPB, Zulena Alanes, alertó sobre una grave escalada de violencia contra los medios y periodistas en el país. “Estamos en un momento de gravísima escalada de acciones de amenaza, intimidación y violencia contra medios de comunicación y periodistas”, afirmó a Sumando Voces, señalando que estas acciones buscan “silenciar el trabajo de la prensa, amedrentar y provocar reacciones que también se pueden manifestar en la autocensura”.
Alanes explicó que estas amenazas están organizadas desde las bases que siguen “las instrucciones del expresidente Evo Morales y de su equipo dirigencial que conduce las protestas y los bloqueos en el país”. En ese sentido, destacó que desde que Morales estaba en el gobierno se ha implementado una acción sistemática de desprestigio, intimidación y desvalorización del trabajo de prensa, lo que ha llevado a que “estas lógicas discursivas amenazantes de la alta cúpula se reproduzcan a nivel de sus bases”.
La presidenta de la ANPB informó que denunciaron y exigieron que las diferentes instancias del Estado cumplan su labor de protección al trabajo periodístico.
«Frente a este panorama de indefensión, la ANPB ha acudido a la Defensoría del Pueblo a reclamarle que active todos los mecanismos que la Constitución Política del Estado le otorga para garantizar en democracia la vigencia plena de estos derechos a la libertad de expresión, de prensa y acceso a la información de toda la población. Sin embargo, no conocemos que se haya desplegado misiones de acompañamiento al trabajo de la prensa en las zonas de conflictos, especialmente en Parotani y Llallagua, que son los focos de mayor tensión», sostuvo.
Añadió que esta falta de acción ha derivado en “impunidad y en naturalización de la violencia” contra la prensa. Finalmente, Alanes hizo un llamado a las autoridades para que actúen con responsabilidad. Dijo que la Fiscalía debería investigar de oficio estos hechos, la Policía debería coadyuvar en esas investigaciones y el sistema de justicia debería garantizar la reparación, protección y sanción a los responsables. Frente a la indefensión, la ANPB acudió a la Defensoría del Pueblo para reclamar que se activen todos los mecanismos constitucionales para proteger la libertad de expresión y el derecho a la información.
Vulneración a derechos
Según el informe “Libertades Fundamentales e Institucionalidad en Bolivia 2024” del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS, en el año 2024 se registraron un total de 915 vulneraciones a las libertades fundamentales, que incluyen la libertad de expresión, de prensa, de asociación, de reunión pacífica y derecho a la protesta, así como la institucionalidad democrática y el derecho a defender derechos.
De ese total, la libertad de prensa fue una de las más afectadas, con 150 casos registrados (lo que representa el 17% del total de vulneraciones monitoreadas). De estas, 42 son casos de agresiones físicas, psicológicas y sexuales contra periodistas y 30 son hechos de impedimento de acceso a la información pública. Esas son las dos categorías con mayor cantidad de registros, pero hay otras más.
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