Elvira Parra en una foto de archivo. Ahora está en su casa, pero debe seguir viajando para asistir a audiencias que casi siempre se suspenden.
Elvira Parra fue la primera directora ejecutiva del Fondo de Desarrollo Indígena y Campesino (Fondioc), un organismo creado para financiar proyectos productivos en comunidades indígenas, originarias y campesinas de Bolivia. Hoy, su nombre está asociado a una larga y dolorosa batalla judicial que, según denuncia, tuvo más de política que de justicia.
“Durante mi gestión aprobé 300 proyectos productivos”, recuerda Parra. Su trabajo, dice, se centró en canalizar recursos directamente a las comunidades que más lo necesitaban. Sin embargo, su compromiso con la transparencia fue el inicio de su tragedia.
El 2 de marzo de 2015, Parra fue detenida preventivamente en el marco de una intervención al Fondo Indígena que reveló un presunto desfalco de 71 millones de bolivianos. Le abrieron 180 procesos judiciales. Ocho años después, aún no se ha cerrado ese ciclo.
“He sido bastante maltratada psicológicamente. Me insultaban, me trataban como delincuente”, narró. Según su testimonio, el maltrato continuó en la cárcel: agresiones verbales, indiferencia institucional y hostilidad entre las internas.
Con el paso de los meses, el trato cambió. Algunos policías comenzaron a mostrarle humanidad: le pedían disculpas, compartían comida. “Yo también les cocinaba. Así fuimos construyendo respeto”.
Desde su casa, ya fuera de prisión, pero con detención domiciliaria, Parra asegura que su encarcelamiento fue injusto. “Pensé que por luchar contra la corrupción iba a ser premiada, no encarcelada”, lamentó.
Parra denunció que durante su gestión intentó frenar maniobras de desvío de fondos, incluso por parte de la entonces ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo. “Intentó que yo autorice recursos para fines que no correspondían. Me negué”, señaló.
En una entrevista con un medio local, afirmó: “No mentir, no robar. Yo no puedo hacerlo, aunque me ofrezcan millones. Por eso me sacaron del cargo”. Desde entonces, dice, comenzó su aislamiento y posterior persecución.
El informe de la Alianza por la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH) respalda esta versión. Señala que el proceso contra Elvira Parra estuvo plagado de irregularidades, uso excesivo de la detención preventiva y falta de pruebas concretas.
Parra enfatiza que fue procesada por proyectos iniciados y ejecutados después de su gestión, por lo que le culpan de proyectos que no supervisó. “Eso le correspondía al director que me reemplazó”, dijo.
En 2010, Parra se opuso a una transferencia de 70.000 bolivianos para pagar aguinaldos. Dijo que se trataba de un desvío de recursos. “No firmé. Me enfrenté a funcionarios y perdí el respaldo político”, relata.
Solicitó audiencias con Evo Morales para denunciar irregularidades, pero nunca fue recibida. “Ni siquiera la nota respaldada por la Confederación Campesina logró abrirme las puertas”, dice.
La exdirectora no acepta el procedimiento abreviado que le ofrecieron. Ella se considera inocente de todos los cargos en su contra. “No voy a culparme de algo que no hice. No puedo automentirme. Tengo que demostrar mi inocencia en juicio oral”, remarca.
La AJDH denuncia que Elvira Parra se convirtió en “un chivo expiatorio” en medio de una estrategia política que buscaba mostrar resultados rápidos ante el escándalo del Fondioc, sacrificando el debido proceso.
En su lucha, Parra destaca el sacrificio de su familia. Cuenta que sus hijos a veces comían sólo pan, y su esposo se esforzaba por mantenerlos y también le ayudaba. “Vivir en la cárcel de Palmasola era muy caro”, dice.
A la fecha, Parra tiene una sola sentencia condenatoria de cinco años. Está en casación. El resto de los más de 150 procesos siguen abiertos o suspendidos. “No hay justicia en Bolivia”, sentencia.
“Viajo constantemente a Santa Cruz para audiencias que nunca se realizan. El juez Juan Coronado suspende una tras otra. Son dos años de esto. Estoy enferma, pero nadie lo considera”.
El abogado Vladimir Gonzáles, que representa a Parra, sostiene que “hubo un manoseo político” y una tergiversación de las normas en este caso. “Mi clienta firmaba convenios ya aprobados. No hay pruebas objetivas contra ella”.
Según Gonzáles, ninguno de los 18 directores del Fondioc ha sido investigado. “Elvira fue la única en ser procesada de esta forma. Es una injusticia selectiva. Las organizaciones sociales que conforman el directorio tampoco fueron tocadas”.
“Soy una represaliada política”, asegura Parra. “Me culpan mientras los verdaderos responsables están libres, algunos aún con cargos públicos. Los que realmente desviaron fondos están protegidos”.
Según el informe de la AJDH, la prisión prolongada sin sentencia, el uso de la detención preventiva como castigo y la presión institucional contra Parra vulneran garantías básicas del debido proceso.
Hoy, vive con lo justo, preparando almuerzos para sus hijos, organizando sus viajes judiciales con ayuda de familiares y enfrentando sus juicios con un solo abogado. “Aquí sólo hay justicia para el que tiene plata y poder”, lamenta.
Mientras espera el fin de esta pesadilla, Parra se aferra a su fe. “Dios aprieta, pero no ahorca. A veces tengo miedo. Pero también sé que algún día se sabrá la verdad. Y que no fui yo quien robó”.
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