La minería no ocurre en el vacío. Se desarrolla sobre territorios donde también viven comunidades indígenas, se producen alimentos, se encuentran fuentes de agua y se sostienen ecosistemas. Por eso, una norma que reorganizará esta actividad durante décadas no puede discutirse únicamente desde la perspectiva de quienes extraen minerales o invierten en el sector. El nuevo Código de Minería y Metalurgia debe responder al interés público, proteger derechos y establecer reglas para que la riqueza del subsuelo no se convierta en un costo para el resto del país.
El Gobierno inició la socialización del anteproyecto en los nueve departamentos y prevé remitirlo a la Asamblea Legislativa a fines de noviembre. Aunque las autoridades hablan de un proceso técnico con más de 40 instituciones y 140 expertos, la participación efectiva de los sectores afectados sigue bajo cuestionamiento. En Potosí, incluso, cooperativistas denunciaron haber sido excluidos de la elaboración y rechazaron la forma en que se desarrolla la socialización. Si quienes forman parte de la actividad minera reclaman no haber sido escuchados, ¿qué espacio tuvieron las comunidades indígenas y campesinas que conviven con sus impactos? Hasta ahora, ninguno.
La Carta Magna reconoce el derecho de las naciones y pueblos indígena originario campesinos a la consulta previa, obligatoria, de buena fe y concertada ante cualquier medida o proyecto de explotación de recursos no renovables en su territorio, lo cual aplica directamente a los contratos mineros.
Y lo preocupante es que un análisis del CEDLA advierte que el anteproyecto limita la consulta previa indígena a un plazo de tres meses y establece que, si no hay acuerdo, el Estado podrá decidir unilateralmente. También señala que se excluiría la consulta cuando las operaciones se superpongan a tierras fiscales o privadas. Estas disposiciones deben revisarse a la luz de la Constitución y del Convenio 169 de la OIT, que reconocen el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados mediante procedimientos apropiados con la finalidad de llegar a acuerdos.
Aunque no nombra explícitamente la minería, el Acuerdo de Escazú, ratificado por el Estado boliviano, también exige garantizar la participación ciudadana desde etapas tempranas en proyectos con alto impacto ambiental, y condiciona la toma de decisiones al respeto sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, además de exigir la protección de los defensores ambientales en estos contexto.
Sucede lo propio con el Convenio de Minamata, ratificado en 2015 por Bolivia, que identifica a las comunidades indígenas como una población de alta vulnerabilidad frente a los efectos del mercurio utilizado intensivamente en la minería de oro artesanal. Por tanto, tomar en cuenta sus preocupaciones y propuestas no es un asunto menor y demanda del Gobierno su máxima atención.
La dimensión ambiental tampoco puede quedar subordinada a la viabilidad de las operaciones. El documento del CEDLA cuestiona disposiciones que permitirían actividad minera cerca de fuentes de agua y en sitios Ramsar (humedales) y áreas protegidas, así como la falta de una prohibición expresa del uso del mercurio. También alerta sobre mecanismos que podrían trasladar al Estado la responsabilidad por pasivos ambientales anteriores. En un país donde la contaminación minera afecta ríos, suelos, producción agrícola y salud de las poblaciones, flexibilizar salvaguardas no es modernizar la normativa.
En otros temas, el análisis advierte que el proyecto contiene disposiciones que podrían profundizar un modelo extractivista, antes que corregir sus distorsiones.
Entre ellas, un régimen de incentivos para inversiones iguales o superiores a 50 millones de dólares, que incluye estabilidad tributaria, regalitaria y contractual por hasta 30 años, además de exenciones impositivas y arancelarias. La pregunta es cuánto dejará de percibir el Estado a cambio de atraer capitales y qué garantías existen de que esos beneficios se traduzcan en desarrollo para el país.
La propuesta también permite contratos de asociación entre cooperativas y empresas privadas nacionales o extranjeras. Esta figura, prohibida por la Ley 535 vigente, abre la puerta a que capitales privados operen mediante estructuras cooperativas. El debate no debería limitarse a facilitar inversiones: debe establecer con claridad quién produce, quién comercializa, quién obtiene las ganancias y quién responde por las obligaciones laborales, tributarias y ambientales.
A ello se suma la concentración de atribuciones de otorgación de derechos mineros y fiscalización en una misma autoridad, con el consiguiente debilitamiento de los contrapesos institucionales. Incluso se reduce el control legislativo sobre los contratos mineros. Una reforma de esta magnitud requiere transparencia, fiscalización independiente y deliberación pública, no decisiones concentradas en oficinas administrativas.
Bolivia necesita una política minera capaz de generar ingresos, empleo e industrialización, pero también de proteger el agua, los territorios y los derechos de las poblaciones. La consulta no puede convertirse en un trámite para legitimar decisiones ya tomadas, ni la socialización en una sucesión de reuniones para cumplir un calendario. Antes de llegar al Legislativo, el anteproyecto debe abrirse a una revisión real, con participación de pueblos indígenas, comunidades campesinas, trabajadores, cooperativistas, especialistas y sociedad civil.
Pero además, algo fundamental estipulado en la Constitución: los minerales le pertenecen a todo el país y, en consecuencia, a toda la población boliviana, por tanto, su aprovechamiento debe beneficiar a la sociedad en su conjunto. Un Código Minero que ofrezca seguridad jurídica a los operadores, pero incertidumbre a las comunidades y menos controles al Estado, no será una reforma para el desarrollo. Será otra oportunidad perdida para poner los recursos naturales al servicio del bien común.
