La detención de Roger Mariaca Montenegro, quien dirigió la Fiscalía General del Estado desde octubre de 2024 hasta octubre de 2026, no es un episodio más en la agenda judicial. El exfiscal general es investigado por presuntos delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y vínculos con el narcotráfico. Las acusaciones deben esclarecerse, pero el caso plantea una pregunta que va más allá de su situación personal: ¿qué ocurre con los derechos de la ciudadanía cuando la institución encargada de defender la legalidad queda bajo sospecha?
La Fiscalía no es una oficina administrativa más. El artículo 225 de la Constitución Política del Estado establece que el Ministerio Público debe defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, ejercer la acción penal pública y actuar con autonomía, objetividad y responsabilidad. De su trabajo depende que los delitos sean investigados, las víctimas encuentren respuesta y las garantías constitucionales no se queden en el papel.
Por eso, una crisis de esta magnitud no afecta únicamente la imagen de una exautoridad. Compromete la confianza en una institución fundamental para el acceso a la justicia. En un país donde muchas personas enfrentan barreras económicas y burocráticas para denunciar y sostener un proceso, la sospecha de que las investigaciones puedan estar condicionadas por intereses particulares profundiza la desigualdad y alimenta la percepción de impunidad.
¿Qué garantías tiene una víctima si duda de la independencia de quienes deben investigar? ¿Cómo confiar en una institución si surgen sospechas de que información reservada pudo llegar a manos indebidas? Estas preguntas deben motivar una investigación seria, porque la justicia no puede depender de las relaciones o el poder de las personas involucradas.
El nuevo fiscal general interino, José Armando Urioste Viera, anunció una revisión técnica del sistema informático ROMA, desarrollado durante la gestión de Mariaca, ante denuncias sobre posibles accesos indebidos a información reservada. La plataforma integraba expedientes digitales, actuaciones procesales, notificaciones y herramientas de gestión. La revisión debe establecer si existieron vulneraciones, qué información pudo verse comprometida y quiénes serían responsables. Hasta contar con resultados técnicos, las denuncias no pueden presentarse como hechos probados.
La salida de Mariaca y la designación de una nueva autoridad no bastan para resolver la crisis. El desafío es recuperar la credibilidad del Ministerio Público mediante investigaciones independientes, protección de las pruebas, transparencia y rendición de cuentas. También es necesario revisar los mecanismos institucionales que deben impedir que la Fiscalía sea utilizada para favorecer intereses particulares como los denunciados.
En este proceso, el respeto al debido proceso es irrenunciable. Mariaca tiene derecho a la defensa y a ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria ejecutoriada. Estas garantías no significan minimizar las acusaciones ni impedir que se investiguen; son principios que deben proteger a todas las personas, incluso a quienes ocuparon las más altas responsabilidades del Estado. La justicia pierde legitimidad si abandona sus reglas ante la presión pública.
La Asamblea Legislativa, que eligió a Urioste como fiscal general interino, también tiene una responsabilidad: impulsar condiciones que garanticen independencia, transparencia y controles efectivos. Y la nueva autoridad debe demostrar, con decisiones y resultados, que la institución puede investigar sin privilegios ni interferencias, incluso cuando los hechos involucran a quienes estuvieron al frente de ella.
La crisis actual interpela al Estado en su conjunto. No basta con esclarecer un caso; también hay que identificar las fallas y debilidades que pudieron hacerlo posible y corregirlas para evitar que se repitan.
El acceso a la justicia es un derecho, no un privilegio reservado a quienes tienen recursos, contactos o poder. La credibilidad de la Fiscalía no se recuperará con un cambio de autoridad o de plataforma, sino demostrando que nadie está por encima de la ley y que los derechos de todas las personas tienen la misma protección.
