La disputa interna del Movimiento Al Socialismo (MAS) derivó en un duro bloqueo de caminos del evismo entre octubre de noviembre del año pasado en protesta por la crisis, la falta de dólares y la escasez de combustibles, lo que provocó una respuesta violenta de parte de la Policía, al mando del arcismo.
Producto de ese hecho, la Defensoría del Pueblo emitió este lunes un informe en el que señala una serie de vulneraciones a los derechos humanos cometidas sobre todo por la Policía y la Fiscalía, entre ellas, agresiones físicas a los detenidos, 115 imputaciones por terrorismo y al menos tres casos de mujeres que dicen haber sido obligadas a desnudarse.
El informe también reporta los ataques a la prensa que, por lo general, fueron perpetrados por los bloqueadores, y a las afectaciones a terceros, que derivaron en la imposibilidad de hacer circular alimentos e insumos para la gente, “todo por una disputa interna de un partido”.
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, en su reporte, critica el uso “discrecional y arbitrario” del tipo penal del terrorismo y la vigencia de un Decreto Supremo que dispone que todos los detenidos por este delito sean traslados a La Paz, sin establecer los mecanismos para hacerlo.
En conferencia de prensa, el Defensor resume que hubo “212 aprehendidos, 91 detenidos, 27 procesos penales, 45 efectivos policiales heridos, situación de riesgo a la niñez, pacientes en hospitales y adultos mayores en centros de acogimiento, periodistas agredidos, daño económico y afectación al aparato productivo, son el resultado de 24 días de bloqueo que se han suscitado en los meses de octubre y noviembre del 2024”.
El informe está dividido en cinco ejes: Inadecuada gestión del conflicto, necesidad de contar con un tribunal independente, afectación a terceros, obstrucción al trabajo del Mecanismos de Prevención de la Tortura e integridad física.
115 imputaciones por terrorismo
El informe indica que, entre los procesados por el bloqueo, hubo 173 imputaciones por “atentado contra la seguridad de los medios de transporte” y 115 imputaciones por “terrorismo”, siendo éste el segundo tipo penal más usando.
En este punto, Callisaya la existencia del Decreto Supremo 130 que “ha sido utilizado de forma discrecional y arbitraria porque no tiene un procedimiento específico para el traslado de estas personas (…) además, no es respetuoso del artículo 109 parágrafo II de la Constitución Política del Estado, que establece que los derechos y garantías de las y los bolivianos deben regularse por Ley (principio de legalidad) y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Contra la integridad física
La Defensoría dice haber tenido acceso a 114 certificados médico forenses, de los cuales, 36 refieren lesiones físicas. El Mecanismo de Prevención de la Tortura ha realizado 82 entrevistas a privados de libertad y estos han referido que en 48 casos haber sido víctimas de agresiones físicas; en particular se han registrado tres denuncias por agresiones bajo custodia policial.
Para el Defensor del Pueblo, algo que “no se puede tolerar” es la denuncia de una persona que dice haber sido objeto de un procedimiento tortuoso como es la asfixia seca; también se han dado denuncias de violencia de género, por lo menos hay ocho mujeres que han sufrido represión violenta; hay tres mujeres que han declarado que han sido obligadas a desnudarse cuando se encontraban bajo custodia policial. Asimismo, se han dado dos casos de uso de proyectiles contra dos personas.
Contra las mujeres
El documento señala que se tiene conocimiento de al menos tres mujeres que fueron obligadas a desnudarse cuando estaban bajo custodia personal y recuerda que la Corte IDH prohíbe cualquier conducta de este tipo porque se enmarca en la violencia sexual.
Incluso, el informe contiene dos testimonios en este sentido.
“Luego nos llevaron a la FELCC La Paz, ahí recibimos insultos y empujones de los policías, nos hicieron quitar la ropa dos veces y nos hicieron hacer ranitas, (…) Al ingreso al penal los policías nos trataron mal, insultándonos nos hicieron desnudar para la requisa a profundidad, no me hicieron valoración médica, psicológica ni social”, según el testimonio de E.P.C, privada de libertad del COF de Obrajes.
“Yo les dije a la FELCC en Cochabamba que estaba embarazada y no me hicieron caso; a mí me agarraron en la carretera, estaba sola e igual me agarraron, nos trataron como asesinos, me han enmanillado, no dejaron que entren nuestros familiares. Nos han desnudado a la hora del ingreso, tenía fluidos pesados y me hicieron abrir las piernas (…)”, señala el testimonio de NA.
Contra la prensa
“Hasta el 23 de octubre se tenía conocimiento de por lo menos 16 agresiones que habrían sufrido los trabajadores de la prensa”, apuntó el Defensor del Pueblo.
Callisaya concluyó que este conflicto “evidencia una vez más la fragilidad institucional del Estado y que es necesario adecuar el delito de terrorismo a estándares internacionales para evitar su uso arbitrario. Finalmente, la autoridad reiteró su pedido de priorizar el diálogo como la única forma de solución de conflictos.
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