A la izq. comunarios de Tariquía; a la der. el Defensor del Pueblo. Foto: Defensoría del Pueblo
Tras el inicio de un segundo proceso penal contra 16 comunarios de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía y un concejal, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, advirtió este miércoles que la defensa de los derechos ambientales no debe ser tratada como un delito.
Callisaya señaló que el nuevo proceso penal involucra a habitantes de la comunidad de Chiquiacá, acusados de delitos como asociación delictuosa y atentado contra la libertad de trabajo, lo que a su juicio contraviene estándares internacionales de protección de defensores ambientales.
El Defensor explicó que la Policía Boliviana, junto a personal de Petrobras, ingresó el 5 de enero a la reserva con un campamento de 40 efectivos, para desarrollar actividades de exploración petrolera. En ese sentido, precisó: “Llama la atención el hecho de que anteriormente no se hubiese cumplido a cabalidad un proceso de consulta pública en el cual no se ha presentado ni el plan de trabajo, ni el estudio de impacto ambiental en forma adecuada, de tal manera que se permita a los comunarios, a la población de Chiquiacá, adoptar una posición informada a este respecto”.
Bolivia es parte del Acuerdo de Escazú, que obliga a garantizar información suficiente para que la ciudadanía participe de decisiones sobre el medio ambiente. Callisaya subrayó que la falta de este cumplimiento ha generado reacciones de los comunarios, las cuales, dijo, no pueden ser criminalizadas.
Desde la Defensoría, se desplegaron acciones de verificación de hechos en el territorio y se mantiene un monitoreo de las actuaciones en este nuevo proceso penal, a través de la delegación departamental de Tarija.
El Defensor recordó que la Ley 1333 de Medio Ambiente y sus reglamentos establecen la necesidad de un plan de trabajo y estudio de impacto ambiental, además de un proceso de consulta pública conforme a estándares internacionales, para avanzar en cualquier proyecto de explotación de recursos.
Callisaya reafirmó que la defensa del medio ambiente, del territorio y de los derechos humanos es un compromiso con la vida y con las futuras generaciones.
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