El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó el Examen Periódico Universal (EPU) de Bolivia la mañana de este martes, durante una sesión de la que participaron los países miembros; la ministra de justicia de Bolivia, Jessica Saravia; y organizaciones de la sociedad civil (como parte interesada), las que presentaron sus observaciones al Estado boliviano porque no aceptó recomendaciones consideradas clave para las libertades fundamentales.
En el marco del EPU, Bolivia recibió 275 recomendaciones de casi 100 países del mundo para mejorar los derechos humanos en el país, de las cuales, aceptó 254, aceptó parcialmente una y “anotó” 20, lo que quiere decir que las rechazó.
Entre las recomendaciones rechazadas se encuentran la aprobación de una ley de acceso a la información, la creación de un mecanismo de protección a los periodistas, la modificación de la ley que restringe el trabajo de las ONGs, varias recomendaciones en favor de la población LGBTI, la objeción de conciencia para el servicio militar, entre otras.
La ministra Saravia, quien fue la primera oradora de la sesión, justificó la decisión de “anotar” estas recomendaciones porque “su implementación requiere un análisis más profundo por estar sujetas a principios constitucionales, marcos normativos internos o realidades estructurales”.
En contrapartida, entre las que recomendaciones aceptadas se encuentran las garantías para la independencia judicial, el acceso a la justicia, la efectiva lucha contra la violencia hacia la mujer, los derechos económicos, sociales y culturales, entre otras.
Organizaciones civiles
La coalición de organizaciones de la sociedad civil en derechos humanos, representada por la directora de la fundación Construir, Susana Saavedra, valoró que el Estado haya apoyado la mayoría de las recomendaciones del EPU, pero expresó su preocupación por aquellas que no fueron adoptadas y que el Gobierno tampoco “haya proporcionado una justificación sustantiva al respecto”.
“Cuestionamos que haya anotado recomendaciones cruciales para fortalecer la libertad de expresión, entre ellas, la ley de acceso la información pública”, dijo.
Dio su agradecimiento a los estados que recomendaron modificar la normativa para garantizar la independencia de las organizaciones de la sociedad civil, pero “lamentamos que el Estado no haya aceptado estas recomendaciones ni proporcionado una justificación sustantiva al respecto”.
Agregó que la coalición ve “con preocupación que no se hayan apoyado importantes recomendaciones en favor de personas LGBTIQ+”
La coalición, en cambio, valoró las recomendaciones “orientadas a fortalecer la independencia judicial, impulsar una reforma integral del sistema de justicia, mejorar su financiamiento, combatir la impunidad y la corrupción”.
También destacó que el Estado se haya comprometido a promulgar una ley contra la tortura y a efectivizar los derechos económicos, sociales y culturales de las y los bolivianos.
La organización Edmund Rice International, en representación de la coalición de organizaciones de pueblos indígenas y DDHH, expresó su preocupación de “que no se haya tratado de forma adecuada la contaminación de fuentes de agua y ríos por mercurio utilizado en la minería del oro” y que los países vecinos que son receptores de ese mineral, tampoco hayan dicho nada al respecto.
Asimismo, expresó su preocupación de que “el Gobierno haya rechazado recomendaciones sobre acciones concretas para invertir las normas restrictivas” para el funcionamiento de las ONGs.
La organización internacional Equality Now, en representación de las entidades que defienden los derechos de las mujeres, valoró que se haya asumido un compromiso para fortalecer las acciones para erradicar la violencia de género, aprobar una ley sobre derechos sexuales, disminuir la mortalidad materna y reducir el embarazo adolescente. “Exhortamos a las autoridades a que coloquen las recomendaciones al EPU en el centro de la administración pública”, dijo la representante.
Quienes expresaron su mayor preocupación fueron los representantes de la población LGBTIQ+. “Nos preocupa profundamente que el Estado haya tomado nota de tres recomendaciones clave”, dijo el representante de ILGA World, en referencia a la negativa de aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo, reconocer como un feminicidio el crimen de personas transexuales y el cambio de nombre de personas trans.
Entre tanto, el representante de la Alianza Evangélica Mundial celebró que se haya aceptado respetar la autonomía, la independencia y la libertad de expresión de las ONGs (aunque no se aceptó cambiar la ley que restringe su trabajo), incluidas las organizaciones religiosas y de derechos humanos, para liberar de sospechas a la Iglesia Católica respecto a los hechos de 2019. “Esperamos la aplicación (de esta recomendación) especialmente por lo que respecta a la Iglesia Católica, que ha sido objeto de acusaciones no fundamentadas de conspiración” que han derivado en la denuncia de golpe de estado en 2019.
Sin embargo, lamentó que no se haya aceptado la objeción de conciencia en el servicio militar y tampoco se haya aceptado dejar de cobrar por trámites de la libreta de servicio militar a los que están exentos de ingresar a los cuarteles.
Plan Internacional celebró que haya adoptado recomendaciones destinadas a combatir el matrimonio infantil, cambiando la Ley que permite las uniones a personas menores de 18 años.
Qué dicen los otros países
Los representantes de los países que tomaron la palabra lo hicieron para felicitar, valorar y celebrar la decisión de Bolivia de adoptar una gran mayoría de las recomendaciones, entre ellos Venezuela, Cuba, Brasil y otros.
La representación de Chile, sin embargo, puso una salvedad. Dijo que aquel país reconoce el esfuerzo de Bolivia en la reducción de la pobreza y los derechos económicos y sociales, pero al mismo tiempo destacó la importancia del “estado derecho sólido, instituciones independientes y entorno cívico abierto y seguro que favorezca la participación significativa de la ciudadanía”.
La embajadora de Bolivia ante la ONU, Maira Macdonal Álvarez, declaró los “avances en materia de DDHH” que, según dijo, ponen especial atención a poblaciones vulnerables, como pueblos indígenas, mujeres, niños, personas con discapacidad y otras.
“Las recomendaciones aceptadas demuestran el compromiso del estado plurinacional con el acceso a la justicia, independencia judicial, modernización de sistemas judiciales”, entre otros, dijo.
Al final de la sesión el documento de Bolivia fue “adoptado” sin objeciones de los países, lo que significa que quedó aprobado.
Bolivia rindió su examen sobre derechos humanos en enero, y lo que obtuvo este martes es su nota de aprobación.
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