Actividad ilegal en Pando. Foto: El Progreso de Pando
La Fiscalía de Pando rechazó la denuncia interpuesta por la Gobernación de ese departamento por contaminación y actividades ilegales desarrolladas en la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi.
«El Gobierno Autónomo Departamental de Pando, a través de la Secretaría de Gestión Integral de la Madre Tierra, informó que la Fiscalía Departamental de Pando notificó la resolución de rechazo a la denuncia penal interpuesta a comienzos de este año por la grave contaminación ambiental y la extracción ilegal de oro por balsas dentro de la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi interpuesta por la Gobernación de Pando», señala una publicación de la organización La Voz de la Naturaleza.
En enero de este 2025, el gobernador de Pando, Regis Richter, denunció que decenas de balsas ingresaron a la Reserva Manuripi. Asimismo, en ese entonces, los comunarios denunciaron que el director departamental del Sernap en Pando otorgó las autorizaciones para que los mineros ingresen de manera ilegal a explotar oro.
También, el presidente de la comunidad indígena Tacana Buenaventura, Winston Maeda Antezana, informó que 120 balsas llegaron de Riberalta desde diciembre de 2024 para instalarse en la Reserva.
Según La Voz de la Naturaleza, la Gobernación lamentó que toda la evidencia presentada, «que demostraba de manera contundente la afectación a la integridad de los recursos naturales y el ecosistema de la Reserva Manuripi, no haya sido suficiente para fundamental la acusación penal».
De acuerdo con el medio El Progreso de Pando, la Gobernación sostiene que la resolución fiscal pasó por alto los daños severos a la biodiversidad local, ignoró la contaminación hídrica generada por la actividad aurífera y minimizó el riesgo creciente que estas operaciones representan para uno de los pulmones ecológicos más importantes de la Amazonía boliviana.
En ese sentido, la entidad gubernamental pandina analiza el fallo de la Fiscalía y asegura que agotará todas las instancias legales y administrativas para impugnar el rechazo, y así se garantice que la justicia prevalezca sobre los intereses que atentan contra el medio ambiente.
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