Reunión de municipios agroecológicos del norte paceño; el encuentro se realizó a inicios de 2025. Foto: Fundación Solón.
En 2024, una sentencia del Tribunal Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ratificó la decisión del municipio paceño de Alto Beni de declararse un territorio ecológico, libre de contaminación minera. Esta determinación fue emulada luego por otros gobiernos locales y aunque una autoridad del Ejecutivo intentó recientemente poner en cuestión esta prerrogativa, hay jurisprudencia al respecto.
El 20 de julio de 2021, el Concejo Municipal de Alto Beni sancionó la Ley Municipal Autonómica 0977(2021, mediante la cual «declara al municipio ecológico de Alto Beni como municipio libre de actividad y contaminación minera». La determinación fue cuestionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que mediante su presidente nato, David Choquehuanca, presentó un recurso ante el máximo tribunal arguyendo un conflicto de competencias privativas del nivel central en temas como minería, recursos naturales y biodiversidad, y solicitó la anulación de cuatro de seis artículos.
Luego de tres años, en 2024, el TCP resolvió declarar competente al Concejo Municipal de Alto Beni sobre su facultad legislativa municipal y competencia exclusiva de “preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos” de su territorio; así como establecer los “planes de ordenamiento territorial”, “estadísticas municipales” y “áreas protegidas municipales”.
En un comunicado oficial emitido luego de hacerse pública la sentencia, la Defensoría del Pueblo ponderó la resolución del TCP y destacó que los magistrados hayan declarado vigentes los artículos Primero, Segundo y Sexto de la Ley Municipal Autonómica 097/2021, que habían sido cuestionados por la ALP.
«La Defensoría del Pueblo como Institución Nacional de Derechos Humanos pondera que la Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional en aplicación del bloque de constitucionalidad reconozca la importancia de preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y de la Madre Tierra desde los diferentes niveles estatales de manera conjunta y coordinada dentro del marco competencial reconocido en la Norma Suprema», se lee en el pronunciamiento.
En un artículo publicado en las últimas horas por Fátima Monasterio, abogada de la Fundación Solón, la experta destaca que el TCP valoró los alcances de la autonomía en esta materia específica.
«Para resolverlo, el Tribunal examinó el contenido y la finalidad de la ley municipal, así como la distribución constitucional de competencias entre los distintos niveles de gobierno. Su razonamiento permite comprender el alcance de la autonomía en materia de protección ambiental y ordenamiento territorial. Uno de los aspectos más interesantes de la sentencia es el reconocimiento de la identidad ecológica de Alto Beni», sostiene Monasterio.
En esa línea, resalta que el TCP recuperó el artículo 2 de su Carta Orgánica Municipal, que establece: «Por decisión histórica de nuestro pueblo, de ahora en adelante, denominamos a nuestro Municipio como Municipio Ecológico Alto Beni».
Según la jurista, el Tribunal reconoció que una entidad territorial autónoma puede autodefinirse a partir de sus características culturales, territoriales, valores y principios, y «reconoció expresamente» que la autoidentificación ecológica de Alto Beni «se enmarca y emerge del concepto básico de autonomía».
«La sentencia estableció que la finalidad de la Ley es la protección ambiental y que su contenido no ingresa a regular expresamente la actividad minera, materia reservada al nivel central. En consecuencia, reconoció que esta decisión se encuentra comprendida en la competencia exclusiva municipal de preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y los recursos naturales, prevista en el artículo 302.I.5 de la Constitución», escribe Monasterio.
El 3 de noviembre de 2026, el ministro de Minería, Marco Antonio Calderón de la Barca, sostuvo que las declaratorias que emitieron varios municipios (Alto Beni, Palos Blancos, San Buenaventura y Caranavi) para autonombrarse libres de actividades mineras son ilegales; argumentó que el aprovechamiento sobre esos recursos es competencia del nivel central del Estado.
“Con respecto a municipios que se declaran libres de minería, sabemos muy bien de que la minería es de competencia exclusiva del nivel central. Por lo tanto, que un municipio se declare libre de minería no tiene sentido, es ilegal”, respondió Calderón a la consulta de la ANF.
Sin embargo, como estableció la sentencia del TCP, los gobiernos municipales sí tienen competencia para tomar decisiones sobre la protección de sus territorios en el marco de sus autonomías.
Por su lado, la Cámara de Diputados aprobó aprobó, el 16 de octubre de este año, el proyecto de ley que declara a Palos Blancos y Alto Beni municipios agroecológicos libres de actividad y contaminación minera. La propuesta normativa prohíbe de manera expresa las labores mineras en ambos territorios y la otorgación de autorizaciones o derechos para desarrollar estas actividades. En este caso, la ALP ejerce sus prerrogativas para legislar sobre el tema minero.
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