Captura de pantalla del programa Sumando Voces en Directo
Los pueblos indígenas y las comunidades que conviven con actividades mineras denuncian que fueron excluidos de la elaboración de la propuesta del nuevo Código Minero y advierten que la normativa podría profundizar la vulneración de sus derechos territoriales, la contaminación ambiental y los conflictos en sus regiones.
«Nosotros los pueblos indígenas (…) no hemos participado en ningún plan, nunca hemos sido convocados», afirmó Ruth Alipaz, lideresa del pueblo indígena Uchupiamona y coordinadora general de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas, Originarios, Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), durante el programa Sumando Voces en Directo. La dirigente sostuvo que no solo los pueblos indígenas, sino también la academia, las organizaciones especializadas y la sociedad civil deberían participar en la construcción de una norma que regulará la explotación de los recursos minerales del país.
Alipaz advirtió que la propuesta, en lugar de garantizar la protección de los territorios, podría facilitar el ingreso de operadores mineros a tierras indígenas, áreas protegidas y sitios sensibles, sin que las comunidades tengan una participación efectiva en las decisiones. Cuestionó particularmente las disposiciones relacionadas con la consulta previa, pues considera que los pueblos podrían perder capacidad de decisión sobre las actividades extractivas que se desarrollen en sus territorios.
Aunque el Gobierno socializa el proyecto en diferentes zonas del país, los sectores que podrían verse directamente afectados cuestionan que sus demandas y propuestas no hayan sido incorporadas en el debate.
Jimena Pérez, representante del Comité de Control Social de Tipuani, en el norte de La Paz, denunció que la actividad minera mecanizada ha generado impactos ambientales y sociales en la región. Señaló que existen problemas por el ingreso de cooperativas a zonas pobladas, la destrucción de viviendas y las dificultades que enfrentan los habitantes para hacer respetar sus derechos.
«Aquí no habrá una minería ilegal, pero hay una minería irresponsable y desordenada», manifestó Pérez, quien también cuestionó que algunas cooperativas estén ingresando hacia la población y que habitantes vendan sus terrenos ante las ofertas económicas de los operadores.
Desde el ámbito de la investigación, el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Alfredo Zaconeta, coincidió en que la discusión del nuevo Código Minero debe incorporar a los sectores que actualmente permanecen invisibilizados. Señaló que la normativa también debería reconocer a los barranquilleros, poceros y mujeres que realizan actividades de minería artesanal, quienes no cuentan con un reconocimiento adecuado en el marco normativo vigente.
«La discusión tiene que incluir a estos actores», sostuvo Zaconeta, quien consideró que la elaboración de la norma debe partir de un proceso de inclusión y contemplar las particularidades de los territorios donde se desarrolla la actividad minera.
El investigador también cuestionó que la propuesta mantenga las actuales condiciones de distribución de regalías y amplíe los beneficios para determinados operadores, mientras las comunidades donde se extraen los minerales continúan sin recibir una compensación directa por los daños sociales y ambientales. Asimismo, advirtió sobre los riesgos de flexibilizar los controles y permitir asociaciones entre cooperativas y capitales privados sin mecanismos suficientemente claros de fiscalización.
La lideresa indígena Ruth Alipaz señala que, si hubieran considerado a los actores que serán afectados con el nuevo Código Minero, los pueblos indígenas habrían planteado el respeto a sus territorios, su autonomía y autodeterminación, así como el cumplimiento efectivo de la consulta previa, libre e informada. También mencionó la necesidad de proteger las fuentes de agua y reducir el uso de mercurio en las actividades mineras. En ese último punto, indicó que la academia cuenta con propuestas para desarrollar minería sin utilizar este metal, pero que estos aportes no fueron incorporados al debate.
Durante el programa se informó que se realizaron gestiones para contar con representantes del Gobierno, del Legislativo y de organizaciones de cooperativas mineras, entre ellas la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) y la Federación Departamental de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman), pero no se consiguió su participación en el espacio de debate.
Para Alipaz, la exclusión de los pueblos indígenas resta legitimidad a la propuesta. La dirigente insistió en que cualquier normativa minera debe garantizar el respeto a los territorios, la autodeterminación de las comunidades, la protección de las fuentes de agua y las áreas protegidas, además de establecer límites claros para las actividades extractivas.
La discusión del nuevo Código Minero y Metalúrgico, según las voces recogidas en el programa, no debería limitarse a establecer condiciones para las inversiones y los operadores, sino incorporar a las poblaciones que conviven con la minería y que pueden sufrir sus consecuencias durante las próximas décadas.
Sectores mineros y cívicos cuestionan la exclusión de otros actores y plantean una nueva propuesta
El rechazo al proyecto de Código Minero también fue expresado por los cooperativistas mineros y el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), cuyos representantes cuestionaron que ambos sectores hayan sido excluidos de su elaboración. Óscar Chavarría, presidente de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Potosí (Fedecomin), sostuvo que la propuesta debe construirse con la participación de los tres principales sectores de la minería: cooperativistas, asalariados y privados.
Por su parte, Alberto Pérez, presidente de Comcipo, afirmó que la institución tenía aportes para contribuir a la elaboración de la norma, pero que nunca fue convocada. Ambos sectores exigieron la destitución del ministro de Minería, Marco Antonio Calderón de la Barca Quintanilla, y pidieron al Gobierno designar a otra autoridad que convoque a los actores del sector para definir el futuro del nuevo Código Minero.
Aquí puede ver el programa:
