Por Vicencia Apaza y Mayra Ari
La Constitución Política del Estado consagró en 2009 un modelo de democracia paritaria. Las leyes de cuotas y alternancia abrieron las puertas del poder formal para las mujeres. Posteriormente, la Ley 243 Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres (2012) y su Reglamento (DS 2935) establecieron un marco pionero en la región para prevenir, atender y sancionar la violencia en el ejercicio de los derechos políticos.
Sobre el papel, Bolivia cuenta con un blindaje normativo avanzado: prohíbe la discriminación, promueve la despatriarcalización e institucionaliza la interculturalidad con equidad. Sin embargo, la realidad en los municipios rurales del altiplano exige contrastar la norma con la práctica cotidiana. En el territorio, la fiscalización y la representación política de las mujeres enfrentan bloqueos institucionales, violencia administrativa y presiones económicas que buscan desgastar su labor.
La fiscalización incómoda
Yo, Vicencia Apaza —madre, agrónoma y exconcejala del municipio de San Pedro de Curahuara— conozco de primera mano los desafíos del ejercicio político en las provincias. Llegué al Concejo Municipal por voto popular, en representación del Movimiento Por la Soberanía, con la convicción de trabajar por mi tierra e implementar proyectos para el desarrollo local. Pero el ejercicio riguroso de la fiscalización incomodó a la estructura tradicional.
Cuando denuncié irregularidades en el uso de bienes públicos —como el uso indebido de vehículos municipales para fines personales— la respuesta no fue el debate democrático, sino el amedrentamiento y la violencia institucional.
El acoso político en los gobiernos locales suele operar a través del aislamiento: la omisión deliberada en las convocatorias a sesiones, la negación sistemática de documentación pública y el trato hostil. Ante este escenario, la respuesta no fue el repliegue, sino la firmeza y la estrategia territorial. Sabiendo conducir vehículos de dos ruedas desde joven —gracias a la moto pequeña que tenía mi madre—, decidí adquirir una motocicleta para garantizar mi presencia en las sesiones de las que pretendían excluirme. Cuando intentaban reinstalar reuniones de forma intempestiva para forzar mi suspensión en ausencia, yo cruzaba las carreteras de tierra del altiplano a bordo de mi moto para llegar a tiempo a defender la representación popular. La imagen de una mujer aymara, con manta y sombrero, surcando el viento andino para cumplir con su deber constitucional, resume la determinación con la que las mujeres de pollera ejercemos la gestión pública.
Violencia económica y batallas legales
En abril de 2019, el Concejo Municipal pretendió suspenderme de manera arbitraria y vulnerando el debido proceso, además de aplicar la retención de mis haberes, medida que la Ley 243 tipifica expresamente como violencia política. Acudí a las vías jurisdiccionales y la justicia falló a favor del derecho: el 14 de junio de 2019, mediante la Resolución de Amparo Constitucional N° 108/2019 (emitida por la Sala Constitucional Tercera de El Alto), se tutelaron mis derechos al trabajo, al debido proceso y al ejercicio del mandato, ordenando mi restitución inmediata. Un fallo que contó con el seguimiento de la Defensoría del Pueblo y el acompañamiento de ACOBOL y ACOLAPAZ.
A pesar de contar con una resolución constitucional vinculante, la resistencia patriarcal dentro de las instituciones suele buscar subterfugios para eludir el cumplimiento de la ley. La retención de salarios no es solo una falta administrativa; es una estrategia de asfixia económica destinada a frenar la labor de fiscalización.
Las tareas pendientes
Las secuelas de este tipo de violencia no son únicamente individuales o económicas; representan un costo político y social estructural que se impone a las autoridades indígenas. No se trata de hechos aislados, sino de un patrón recurrente en los municipios rurales donde las lideresas asumen la gestión pública con vocación de servicio, pero enfrentan sistemas institucionales blindados contra el control social y la paridad real.
La democracia paritaria en Bolivia tiene tareas pendientes. La apertura de espacios de representación mediante cuotas no basta si el Estado no garantiza la permanencia digna, el ejercicio pleno de funciones, la seguridad jurídica y la restitución efectiva de derechos vulnerados. En el caso de Vicencia, el cumplimiento de la norma y de los fallos constitucionales sigue inconcluso: a pesar de las resoluciones a su favor, la restitución de sus sueldos devengados e ilegalmente retenidos continúa siendo una deuda pendiente que vulnera sus derechos y pretende sentar un precedente de impunidad.
Vicencia Apaza es estudiante del programa de Derechos de las Naciones Originarias (UMSA), agrónoma, madre, lideresa aymara y exconcejala del municipio de San Pedro de Curahuara.
Mayra Ari es politóloga e investigadora en derechos de las mujeres indígenas y políticas públicas.
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