Actividad minera ilegal en el municipio de Caranavi. Fotografía AJAM.
El director de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Jaime Sanabria, afirmó este viernes que se otorgará derechos mineros en municipios que se declaren libres de minería, debido a que la legislación vigente no establece restricciones para concederlos en esos territorios.
El funcionario explicó que la administración y otorgación de derechos sobre los recursos minerales son competencias exclusivas de la Administración central, por lo que los gobiernos municipales y departamentales no pueden prohibir las concesiones.
“Por tanto, la autoridad minera seguirá otorgando derechos mineros, lo que no significa que se esté autorizando a hacer actividad minera”, afirmó Sanabria al programa Sin Concesiones, de Radio Fides.
Asimismo, subrayó que se debe diferenciar el derecho minero de la actividad minera que se otorga a través de una licencia ambiental.
Municipios como Alto Beni, Palos Blancos, Rurrenabaque, Caranavi y San Buenaventura se declararon libres de minería, pero la actividad extractivista continúa.
El director de la AJAM reconoció que los gobiernos subnacionales pueden aprobar normas ambientales para proteger sus territorios y evitar daños ecológicos, pero señaló que esas disposiciones deben compatibilizarse con las competencias del Ejecutivo y la legislación nacional.
“Las alcaldías, gobernaciones y cualquier otra institución no tienen competencia ni atribución en la administración, control y fiscalización de los recursos minerales”, sostuvo Sanabria.
Como ejemplo, mencionó una ley aprobada recientemente por la Gobernación de Chuquisaca que establece mecanismos de control, fiscalización y registro de la actividad minera en ese departamento. A su juicio, aunque la intención de preservar el medioambiente es legítima, esas atribuciones no corresponden a los gobiernos departamentales.
Asimismo, Sanabria indicó que la Ley 535 de Minería y Metalurgia no contempla una disposición que obligue al Estado central a restringir la otorgación de derechos mineros en los municipios que hayan decidido declararse libres de esa actividad.
También consideró que Bolivia atraviesa una superposición de competencias y conflictos entre instituciones en la administración de los recursos minerales, un problema que, según dijo, deberá resolverse mediante reglas claras en la nueva legislación minera que se encuentra en elaboración.
