Sociedad civil celebra la aprobación de la Ley de Acceso a la Información en el Senado y pide a Diputados iniciar su inmediato tratamiento

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Sumando Voces

Representantes de la sociedad civil y la senadora Silvia Salame en una foto de archivo, presentando el Proyecto de Ley a los medios. Foto: Sumando Voces

Organizaciones de la sociedad civil que participaron en la elaboración del proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, celebran su aprobación en la Cámara de Senadores y piden que la Cámara de Diputados inicie su tratamiento de inmediato.

“La sociedad civil celebra que la Cámara de Senadores haya aprobado en grande y en detalle el proyecto de “Ley de Acceso a la información y Documentación Pública”, señala un comunicado suscrito por nueve organizaciones que participaron del proceso de construcción colectiva del mismo desde julio de 2023 y que luego fue promovido por la senadora Silvia Salame.

Las organizaciones firmantes son la Comunidad de Derechos Humanos, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, la Fundación Construir, CLADEM, Internet Bolivia, la red UNITAS y la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).

Las organizaciones instan a la cámara de Diputados “a su inmediato tratamiento y, además, a sostener en este proceso, el debate con la sociedad civil y los integrantes de la mesa técnica que aportó al contenido del proyecto de ley y que hará seguimiento al cumplimiento de lo planteado”.

Asimismo, recuerdan que esta norma es un compromiso del Estado en materia de derechos humanos, reiterado en diversos informes, instrumentos vinculantes, y con mayor énfasis en la sentencia de la Corte IDH del caso Flores Bedregal Vs Bolivia.

Este proyecto, hacen notar los firmantes, dispone que la información pública pertenece a la ciudadanía y no a los gobiernos de turno, pues ningún pueblo puede decidir su futuro si no conoce la información y por tanto ningún ciudadano o ciudadana puede ejercer plenamente sus derechos en el Estado democrático.

La citada Ley da un plazo de 15 días para que los funcionarios públicos respondan a los requerimientos de información y en caso de no hacerlo pueden ser destituidos de sus cargos.

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