Periodistas durante la cobertura de una conferencia de los vocales del TSE. Foto: TSE
El tratamiento del Proyecto de Ley de Integridad y Ética Pública en procesos electorales, que establece que los medios de comunicación debe enviar un reporte semanal sobre sus publicaciones al Órgano Electoral, fue postergado hasta la realización de una mesa técnica, luego de que las asociaciones de periodistas consideraran que es un atropello a la libertad de prensa.
“Hemos tenido una reunión bastante positiva con la Asociación (de periodistas) y hemos quedado que vamos a solicitar la postergación del tratamiento para poder hacer una mesa técnica y poder explicar en esa mesa que no es una regulación a los medios, que el sentido de la norma es otro”, señaló la senadora proyectista, Silvia Salame, en contacto con Sumando Voces.
El citado proyecto busca poner límites al uso de los bienes del Estado en época electoral y restringir el financiamiento privado a los partidos, pero también impone regulaciones a los medios de comunicación.
El proyecto señala que los concesionarios y operadores privados de radio y televisión “remitirán un informe semanal al Órgano Electoral Plurinacional de los tiempos o espacios que en dichas emisiones o publicaciones se les otorgaron a las actividades de campaña de cada candidato o candidata”. Por su parte, “el Órgano Electoral Plurinacional publicará dicha información y verificará que la presencia de los candidatos en dichas emisiones o publicaciones sea equitativa”.
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y las nueve asociaciones departamentales rechazaron el proyecto y expresaron que “resulta inaceptable que, bajo el pretexto de establecer normas de integridad electoral, se pretenda instaurar mecanismos de control y censura encubierta sobre los medios de comunicación y los periodistas”.
El proyecto prevé que los medios deben ofrecer “una cobertura precisa y equitativa, sustentada en hechos y cifras”, “señalar cuando se trata de opiniones y limitarlas a las páginas editoriales o de opinión”, “no aceptar pagos, remuneraciones, regalos o beneficios de parte de partidos y/o agrupaciones ciudadanas que comprometan la ética periodística”, “ofrecer igualdad de tratamiento a todos los partidos y agrupaciones ciudadanas, incluido el acceso y las tarifas” e “indicar claramente cuando se trata de propaganda pagada para que no se confunda con las noticias”.
Respecto a los medios estatales, el proyecto señala que los candidatos presidenciales y vicepresidenciales tendrán hasta 10 minutos en esos medios dentro de la semana siguiente al inicio de la campaña electoral para presentar sus programas y otros 10 minutos para realizar el cierre de su campaña siete días antes del silencio electoral.
Financiamiento, bienes públicos y debates
El proyecto, además, abunda sobre prohibiciones respecto a los bienes públicos. Por ejemplo, declara que está prohibido “utilizar vehículos, aeronaves, embarcaciones y otros medios de transporte oficiales del Estado”; “disponer de la jornada laboral del personal de toda repartición del Estado o empresas públicas para realizar campaña”, “disponer del personal, dentro o fuera de las instalaciones de las entidades del Estado o empresas públicas para organizar actos de campaña, elaborar material electoral u otros en horarios de trabajo”; “utilizar recursos públicos para la difusión de propaganda electoral, por cualquier medio de comunicación masivo o interactivo estatal”; o “utilizar espacios de inauguración y entrega de obras públicas, programas o proyectos, para pedir el voto”.
Entre tanto, las autoridades quedarían prohibidas de asistir a actos de inauguración de obras y servicios públicos; entregar personalmente recursos o bienes públicos; referirse en sus alocuciones a los demás candidatos o candidatas; utilizar o incluir su imagen, símbolos o consignas de campaña en la publicidad publica; utilizar bienes del Estado, personal de seguridad o apoyo en su campaña.
El proyecto de Salame, además, prevé tres debates electorales obligatorios e indica que la inasistencia será causal de pérdida de la candidatura.
Respecto al financiamiento, el proyecto limita el acceso a fondos individuales a máximo el 10% del presupuesto anual de la organización política.
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