Marcha amazónica que se dirige a La Paz. Foto composición Sumando Voces con imágenes de Agencia Plurinacional de Comunicación Bolivia y Radio San Miguel
Bajo un cielo que cambia sin aviso —del sol intenso a la lluvia persistente—, cientos de marchistas avanzan a pie hacia La Paz. Vienen desde las tierras bajas, desde Pando y Beni, cargando mochilas, algunas frazadas y, sobre todo, una demanda: la anulación total de la Ley 1720 de conversión de tierras de pequeña en mediana. Hoy están en Caranavi, a punto de emprender nuevamente su camino hacia la sede de gobierno. El cansancio empieza a sentirse en los cuerpos, pero no en la decisión.
“Hay muchas complicaciones… enfermedades, necesidades para los niños, para las personas mayores”, cuenta a Sumando Voces, Vivian Palomequi, secretaria ejecutiva de la Federación Regional Vaca Díez del Beni y Coordinadora del Bloque de Organizaciones Campesinas Indígenas del Norte Amazónico (Bocinab). Su relato no es técnico ni frío: es el de alguien que camina junto a su gente, que ve cómo el clima golpea y cómo la salud se resiente.
La Ley 1720, que autoriza la conversión de la categoría de “pequeña propiedad” en “mediana” bajo la administración del INRA, ha desatado un fuerte conflicto social y político en Bolivia, al colocarse en el centro de un choque entre el gobierno de Rodrigo Paz y amplios sectores campesinos, indígenas y organizaciones ambientalistas. Estos actores denuncian que la norma, promulgada el 8 de abril durante el inicio de una marcha indígena y campesina, abre la puerta a la reconcentración de la tierra en manos de grandes propietarios, vulnera conquistas históricas agrarias y amenaza territorios colectivos, en particular de pueblos originarios de la Amazonía cruceña, pandina y del norte de La Paz.
Las jornadas son largas. El clima, impredecible. “A veces está usted andando con sol y de repente llueve, eso complica nuestra salud”, explica. En el camino, algunos reciben atención de brigadas médicas improvisadas en los pueblos por donde pasan. Medicamentos básicos, curaciones rápidas, alivios momentáneos para seguir avanzando. Pero el trayecto no solo se mide en kilómetros, también en carencias.
Los recursos se han agotado y, para sostenerse, los propios marchistas han tenido que ingeniárselas. En el camino, recogen latas y residuos reciclables que luego venderán en algún centro de reciclaje al llegar a La Paz. Con eso prevén comprar algo de comida o bebida para compartir. “Hemos hecho dos cosas al mismo tiempo: ayudamos a limpiar y también cubrimos una necesidad”, dice Palomequi.
La escena se repite: jóvenes, adultos y hasta niños recogiendo latas al borde del camino. No hay financiamiento externo, asegura la dirigente, desmintiendo versiones que circulan sobre apoyo de organizaciones.
La olla común, las donaciones de frazadas, medicamentos y carpas se vuelven esenciales para resistir las noches frías. En ese sentido, piden ayuda a la población.
A pesar del desgaste, la marcha no se detiene. Aseguran que llegarán a la ciudad de La Paz para cumplir su objetivo: la abrogación de la Ley 1720. Paulatinamente, la marcha suma gente e incorpora a nuevos sectores.
El Gobierno de Rodrigo Paz sostiene que la ley busca facilitar acceso a créditos bancarios y mejorar la productividad de pequeños y medianos propietarios.
Para Palomequi, el objetivo sigue claro: no buscan ajustes ni modificaciones parciales. “Queremos la anulación total de la ley”, remarca. Y aunque reconoce que el camino será más duro a medida que avanzan hacia el altiplano, también confía en la resistencia colectiva.
Entre el barro, el frío y el cansancio, la marcha sigue. Porque, como repiten quienes caminan, no se trata solo de llegar a La Paz, sino de ser escuchados.
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