La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y las nueve asociaciones departamentales de periodistas del país expresaron su rechazo al proyecto de Ley denominado de “Integridad y ética pública en procesos electorales” que se encuentra en tratamiento en la Comisión de Constitución del Senado por considerar que intenta imponer control y censura encubierta en los medios de comunicación.
“Resulta inaceptable que, bajo el pretexto de establecer normas de integridad electoral, se pretenda instaurar mecanismos de control y censura encubierta sobre los medios de comunicación y los periodistas”, señala el pronunciamiento.
La proyectista del citado documento es la senadora disidente de Comunidad Ciudadana, Silvia Salame.
Agrega que el periodismo boliviano cumple y continuará cumpliendo su labor conforme a la Constitución Política del Estado, la Ley de Imprenta, el Código Nacional de Ética Periodística y la Ley del Régimen Electoral. “Cualquier intento de condicionar su ejercicio, como el requerimiento de reportes semanales al Órgano Electoral Plurinacional (OEP) o la imposición de directrices sobre los contenidos periodísticos, constituye un atropello inaceptable”, añade.
Según las organizaciones, los parágrafos I y II del Artículo 5 y el parágrafo III del Artículo 16 pretenden instaurar mecanismos de control y censura encubierta sobre los medios de comunicación y periodistas, imponiendo obligaciones ilegales como la presentación de informes semanales al Órgano Electoral Plurinacional (OEP), y estableciendo criterios subjetivos de “precisión”, “equidad” y “veracidad” en los contenidos periodísticos, lo que abre espacio para interpretaciones arbitrarias y vulneraciones de derechos.
Asimismo, “el proyecto de ley discrimina entre medios de comunicación tradicionales y digitales, ignora la naturaleza plural del periodismo y busca inmiscuirse en las dinámicas informativas legítimas bajo pretextos de «equilibrio» y «pluralismo». Pretender que funcionarios públicos controlen y califiquen el contenido periodístico constituye un atentado directo contra la independencia de los medios y la labor informativa”, indica.
“Del mismo modo, advertimos que el Artículo 10 amplía de manera peligrosa las restricciones a la participación de candidatos en programas y columnas de opinión, afectando la libertad de expresión de terceros. También cuestionamos que se limite la organización de debates únicamente a organizaciones sociales bajo supervisión del OEP, excluyendo injustamente a medios de comunicación y plataformas digitales”, señalas las 10 entidades.
Precisan que el periodismo boliviano tiene como base regulatoria la Constitución, la Ley de Imprenta y su Código Nacional de Ética. “No aceptaremos ninguna ley que, bajo argumentos de integridad electoral, imponga censura previa, control de contenidos o restricciones indebidas”, enfatizan.
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