Propuesta de política pública para personas con discapacidad sienta sus bases en tres ejes fundamentales

Derechos Humanos

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Yenny Escalante

La mañana del 29 de febrero se presentó a autoridades nacionales, departamentales y locales, la “Propuesta de política pública en educación inclusiva para las personas con discapacidad, desde un enfoque de género y prevención de violencias”. Ésta fue construida de manera participativa entre distintas organizaciones de este sector y sienta sus bases en tres ejes fundamentales: Políticas inclusivas, prácticas pedagógicas inclusivas y culturas inclusivas.

Las personas con discapacidad (PcD) son aquellas que tienen limitaciones, a largo plazo, físicas, visuales, auditivas, cognitivas o intelectuales, psicosociales o mentales, del habla o del leguaje, que, al interactuar con diversas barreras pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.  

 ¿Cuál es la situación actual de las PcD?

En relación al ámbito educativo, en la actualidad, 90.631 personas están registradas en el Sistema de Registro Único Nacional de Personas Con Discapacidad (SIPRUNPCD), de la cuales, 27.025 (30%) no tienen ningún grado de instrucción educativa. Por otro lado, 31.507 (35%) sí cursaron el nivel primario, pero sólo 13.310 (3%) alcanzaron los estudios universitarios, refiere un informe de la Defensoría del Pueblo.

Esta realidad está estrechamente relacionada con la situación que vive este sector en el sistema de educación. Una de ellas es la barrera que establecen los mismos directores y docentes al momento de la inscripción a las escuelas. Tal es el caso de Jakob, un niño de 9 años, a quien le negaron el ingreso a una unidad educativa por estar en una silla de ruedas.

“La gente no es empática con las personas con discapacidad (…) Ellos (las PcD) tienen que ser incluidos (en los centros escolares), ellos tienen derechos y eso no hay en las escuelas. No me lo han querido recibir durante dos años”, refiere la madre del menor de edad, María Juana Camacho, quien lamenta el actuar y rechazo de algunas personas, supuestamente formadas.

La Defensoría del Pueblo realizó también una inspección a 39 unidades educativas, fiscales y de convenio, de las cuales, el 90% no contaba con ningún material didáctico ni de aprendizaje en formatos y leguajes accesibles.

De igual manera, son pocos los establecimientos que cuentas con rampas de acceso a pisos superiores, pues sólo son accesibles con gradas, lo que impide el desarrollo de las potencialidades individuales de las PcD.

Durante un año entero, Luis Alberto Jiménez tuvo que cargar a su hija Mariel Silvana Jiménez desde la planta baja hasta el tercer piso, y viceversa, para que llegue a su salón de estudios, simplemente porque sus compañeros, padres de familia, y el mismo director del colegio, no querían cambiar de aula a la planta baja.

Esta es la realidad de muchos estudiantes con discapacidad que logran ingresar a un colegio. En Bolivia, en la actualidad, hay 2.810 estudiantes registrados en el sistema de educación regular. En todo el departamento de La Paz hay 833 estudiantes inscritos, y sólo en el municipio paceño son 329.

Sumado a estas barreras físicas, también están las de índole psicológico, pues las PcD enfrentan problemas de bullying, discriminación, aislamiento, etc., no sólo por parte de los estudiantes, sino de los maestros.

Ese es el caso de Olivia Surco Quispe, quien tiene epilepsia, un transtorno catalogado como discapacidad. Durante sus años de estudio en el colegio, su vida no fue fácil, ya que sus compañeros la aislaban y le temían debido a sus ataques epilépticos, hasta que la directora la pidió a sus padres que la retiraran de la escuela. Buscó una segunda oportunidad en un colegio de El Alto, donde la situación se repitió.

Además de estas barreras que impiden el acceso a una educación inclusiva de calidad, también está la sobreprotección de las familias hacia la persona con discapacidad, el enfoque médico asistencialista que persiste en los procesos educativos y la carencia de información estadística específica y disgregada según edades y géneros.

Los ejes de la política

Es por toda esta situación que la propuesta de política pública definió los siguientes ámbitos estratégicos:

1. Políticas inclusivas: Ejercer el derecho que tienen las personas con discapacidad de acceder a una educación inclusiva de calidad. 2. Prácticas pedagógicas inclusivas: que faciliten el proceso de enseñanza y aprendizaje, coadyuvando en el acceso a la currícula base y diversificada. 3. Culturas inclusivas: Eliminar todas las formas de discriminación, maltrato, violencia y tortura contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad en las Unidades Educativas.

En ese sentido, se propone:

  • Implementar formatos accesibles para las personas con discapacidad en los procesos de inscripción y matriculación.
  • Crear comisiones pedagógicas inclusivas en cada unidad educativa del municipio de La Paz
  • Incorporar contenidos relacionados a la educación inclusiva de estudiantes con discapacidad en la currícula de las escuelas superiores de formación de maestros.  
  • Crear programas de capacitación y actualización permanente de maestros y maestras, y los que incluyan un proceso de acompañamiento a su práctica educativa.
  • Promover la accesibilidad física y arquitectónica a través de la construcción y la adaptación de la infraestructura de unidades educativas, de tal forma que sean accesibles a personas con discapacidad. Infraestructura: Rampas, barandas, señalización en braille, avisos en audio, pisos podotáctiles, semáforos con sonido y colores, adaptaciones de acceso en baños y otros.
  • Promover el aprendizaje de la Lengua de Señas Boliviana y otros sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, señalización en Braille; así como garantizar el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).
  • Garantizar la conformación de equipos multidisciplinarios para la evaluación de estudiantes con discapacidad.
  • Promover el uso de formatos de fácil lectura y comprensión, infografías, pictogramas y otros.
  • Brindar el equipamiento y el material didáctico adecuado a estudiantes con discapacidad.
  • Promover campañas de sensibilización, información y concienciación sobre los derechos de las personas con discapacidad. Programas de radio, uso de aplicaciones, talleres, conversatorios, Tiktok, Instagram y otros.
  • Fortalecer en las unidades educativas la educación en valores y el desarrollo de una cultura de paz con perspectiva de discapacidad.
  • Elaborar planes de convivencia en las unidades educativas orientadas a eliminar todo forma de violencia, discriminación y tortura y promover el desarrollo de habilidades socioemocionales.

Esta propuesta de política pública fue encabezada por el Consejo de la Persona con Discapacidad y el Programa Urbano de la Red UNITAS, con el Apoyo del Fondo de Canadá en Bolivia.

Compromiso de autoridades

El secretario municipal de Educación y Desarrollo Social de la Alcaldía de La Paz, Jacques Alcoba, recibió de las manos de la dirigente de las PcD, Bertha Iturralde, la política pública y se comprometió como Municipio de La Paz a trabajar en favor del sector de las personas con discapacidad. Realzó la importancia de esa política pública porque involucra a diferentes actores, desde el Gobierno nacional con sus diferentes ministerios, hasta los gobiernos departamentales y municipales.

“Creemos que este esfuerzo (la política pública) va a ser punta de lanza para Bolivia, va a ser un esfuerzo para que, en otros municipios, en otros departamentos, también puedan trabajar de esta forma. El compromiso del municipio de la ciudad de La Paz es seguir apoyando y trabajar duramente, arduamente por ustedes, por este sector tan hermoso como es las personas con discapacidad”, sostuvo.

El director de Comité Nacional de Personas con Discapacidad (Conalpedis), Javier Salgueiro, también realizó un importante compromiso: “Esta política pública vamos a ponerla en consideración del Ministerio de Educación para que se constituya en una política pública nacional, mediante el Viceministerio de Educación Alternativa y Especial”, indicó el Salgueiro.

Asimismo, indicó que van a vigilar que todos los programas que están en ejecución se hagan efectivos y beneficie a todas las personas con discapacidad.

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