Presidente de los guardaparques denuncia intensificación de la minería ilegal en el Parque Madidi

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Evidencia de la actividad minera, publicada en la página de Facebook de Marcos Uzquiano.

El presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques (Abolac), Marcos Uzquiano, denunció una intensificación de minería ilegal en el Parque Nacional Madidi con pleno conocimiento de las autoridades del lugar.

“En días pasados mostramos como grandes cantidades de diésel y maquinaria pesada ingresa sin ningún problema desde Apolo hacia el Parque Nacional Madidi, pasa por la tranca bajo custodia militar instalada en el sector denominado ‘Quinta’ que se ubica a cinco minutos del centro de dicha población y se dirige a orillas del río Tuichi, donde se ubican operaciones mineras de empresas y cooperativas mineras que operan bajo total impunidad y descaro destruyendo el patrimonio natural de Bolivia y el mundo”, denunció Uzquiano a través de sus redes sociales.

Las cooperativas mineras, muchas de ellas respaldadas por inversionistas nacionales y extranjeros, habrían impuesto condiciones a los guardaparques para que no ingresen a las zonas de explotación e incluso amenazando al personal que intenta realizar inspecciones.

Según el guardaparque, las operaciones afectan comunidades como Suyo Suyo, Azariamas, Pintata, Yanakishka, río Mojos, Virgen del Rosario, Santa Rosa, Motosolo y Charopampa, donde los dirigentes locales habrían instalado puntos de control para evitar la presencia del Cuerpo de Protección del Madidi.

“Es triste ver cómo la codicia, el crimen ambiental, la impunidad, complicidad y poder de instancias que deberían ser el respaldo y garantía para que los guardaparques cumplan con su labor, solo se limitan a cuestionar y pedir informes y a convertir el ‘conducto regular’ en un instrumento mordaza para silenciar, intimidar y esconder información dentro de los escritorios de burócratas y corruptos”, lamentó el guardaparque.

La Asociación Boliviana de Guardaparques exhortó al Estado, al SERNAP, al Ministerio Público y a las Fuerzas Armadas a realizar un operativo conjunto para garantizar la aplicación de la normativa ambiental y sancionar a quienes promueven y encubren la actividad minera en la reserva.

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