El 27 de octubre, el ministro de Minería, Marco Antonio Calderón de la Barca, inició la socialización del proyecto de Código Minero. Comenzó con autoridades del Legislativo. Foto: Ministerio de Minería.
Un informe elaborado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) pone en cuestión el proyecto de ley del nuevo Código de Minería. Frente a la narrativa gubernamental de modernización y control estatal, la institución hace 8 observaciones críticas sobre la manera en que la propuesta normativa neutraliza la recaudación fiscal, cede territorios por décadas y flexibiliza los controles socioambientales a favor de los actores tradicionales del sector.
Para el CEDLA, la normativa dista mucho de ser un instrumento de soberanía económica. El documento advierte que, lejos de proponer cambios de fondo, «termina perpetuando los privilegios tributarios, la flexibilidad socioambiental y la permisividad operativa de un sector que continúa expandiéndose a costa de los recursos estratégicos del país».
El análisis elaborado por en experto Alfredo Zaconeta señala que el objetivo de lograr mayores ingresos económicos colisiona con los contenidos de la propuesta. «El proyecto de ley presenta una contradicción fundamental entre su retórica de mayor recaudación y sus disposiciones reales», destaca el informe.
Ante este panorama, la institución concluye que el proyecto carece de una visión de desarrollo. «En conclusión, este proyecto de Código de Minería y Metalurgia no plantea ninguna transformación estructural ni promueve un modelo de desarrollo genuino en beneficio del Estado y la sociedad boliviana a través de la industrialización de nuestra producción minera».
Las 8 observaciones del CEDLA al Código Minero
Este es el desglose detallado de las 8 falencias estructurales identificadas en el informe técnico y los argumentos en relación a la Ley 535, la norma que hasta ahora regula las actividades minero‑metalúrgicas en Bolivia:
1. Neutralización de la recaudación fiscal por incentivos de gran escala
Se mantienen las alícuotas de regalía de la Ley 535, pero se crea un agresivo régimen de incentivos (arancel cero para importaciones, liberación de la alícuota adicional a las utilidades (AA-IUE) y exoneración del IUE durante los primeros tres años) para inversiones mayores a 50 millones de dólares, cediendo ingresos fiscales clave.
«Se neutraliza la intención de mayor recaudación. El Estado cede ingresos fiscales (vía exenciones) para atraer capitales de gran escala», se lee en el documento.
2. Privatización territorial y contratos encubiertos por 60 años
El proyecto elimina la palabra «concesión», pero consolida sus privilegios a través de los «Contratos de Otorgación de Derechos Mineros». Mediante esta figura, el Estado cede el control exclusivo de vastos territorios por hasta 60 años (30 años iniciales prorrogables por 30 más). Aunque el texto prohíbe formalmente transferir, vender o subarrendar el área, otorga a los operadores el dominio total y la libre disposición sobre el mineral extraído y la infraestructura instalada.
3. Subordinación del suelo y amparo corporativo
Se establece la supremacía legal de la minería sobre la agricultura y forestería, respaldada por un «Amparo Administrativo Minero» que pone a la fuerza pública a disposición del operador frente a conflictos territoriales, “blindando al operador frente a conflictos por el uso de la tierra”.
4. Legalización de asociaciones corporativas con el sector cooperativo
Se autorizan formalmente los «Contratos de Asociación Productiva Minera», permitiendo que grandes capitales privados (nacionales y extranjeros) operen cobijados bajo los beneficios preferenciales e impositivos de las cooperativas.
De este modo, «blanquea y legaliza el ingreso de grandes capitales privados que operarán escudados bajo el régimen preferencial y flexible del sistema cooperativista», dice el documento.
5. Incapacidad operativa frente a la minería ilegal
Crea la Agencia Nacional de Seguridad y Protección Minera (AGEPROMIN) para planificar desalojos e introduce el Número de Trazabilidad Minera (NTM). «Centraliza la coerción administrativa, pero corre el riesgo de ser ineficaz en campo y limitarse a un control puramente documental (trazabilidad de papel) sobre el oro lavado», observa el CEDLA.
6. Desprotección socioambiental y flexibilización en áreas frágiles
Se legalizan operaciones en Sitios RAMSAR (humedales de importancia internacional protegidos bajo la Convención de Ramsar para conservar su biodiversidad y asegurar su uso sostenible) y zonas cercanas a agua. Además, la Auditoría de Línea Base (ALBA) exime a los operadores de pasivos históricos, trasladando su costo al Estado mediante un escaso 3% de las regalías departamentales.
7. Debilitamiento extremo de la consulta previa y derechos indígenas
Se despoja a la consulta de su carácter vinculante al estipularse que «no implica derecho de veto», fijando un plazo fatal de tres meses para una decisión unilateral del Estado o suprimiéndola si hay superposición con tierras privadas o fiscales.
8. Concentración de poder institucional y supresión de contrapesos
La nueva Autoridad Nacional Minera (ANM) absorbe a la AJAM y al SENARECOM, unificando el otorgamiento de derechos y la fiscalización de exportaciones en un solo ente («juez y parte»), mientras se excluye al Legislativo de la aprobación de contratos.
