Proyecto para la extracción de litio. Foto: El Periódico de la Energía
Organizaciones ambientalistas y defensores de la naturaleza en Bolivia expresaron su rechazo ante la instrumentalización política del tema ambiental respecto a los contratos de explotación de litio y exigieron transparencia en su aprobación. En un pronunciamiento público, alertaron sobre el impacto ambiental que estas operaciones podrían tener sobre el agua, los humedales y la biodiversidad, y criticaron la ausencia de consulta previa con las comunidades afectadas.
“Rechazamos la politización e instrumentalización de la cuestión ambiental, que se deja entrever en el discurso de políticos, líderes sindicales y de otra índole a los que no les importa ni el agua, ni la biodiversidad, ni los territorios (…) Exigimos coherencia y transparencia en las acciones de parte de YLB, el Gobierno Central y cuanto actor político está involucrado”, refiere el texto en su parte resolutiva.
Según el pronunciamiento, la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene la obligación de fiscalizar la administración de los recursos naturales y garantizar su aprovechamiento en beneficio del pueblo, de acuerdo con el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado. Asimismo, el Artículo 342 establece el deber del Estado y la sociedad de conservar el medioambiente.
En ese sentido, las organizaciones denunciaron la falta de transparencia en los contratos firmados con la firma Hong Kong CBC (China) y Uranium One Group (Rusia), y acusaron al Gobierno de promover eventos «informativos» para justificar su aprobación sin haber realizado una consulta previa, libre e informada, lo que vulnera el Convenio de Escazú y el Convenio 169 de la OIT. «A los citados eventos no convocaron a las comunidades afectadas y las mesas de diálogo o talleres de socialización no sustituyen la consulta previa, libre e informada», advierten.
Otro de los puntos clave del pronunciamiento es la flexibilización de normas ambientales para reducir los controles sobre las plantas de carbonato de litio. Los colectivos señalaron que las regulaciones han cambiado para clasificar estas plantas en una categoría de menor impacto ambiental (categoría 3), lo que permite reducir las evaluaciones sobre el impacto de la reinyección de salmueras en los acuíferos. Refieren que esta práctica, que no cuenta con suficiente respaldo técnico, podría poner en riesgo el abastecimiento de agua subterránea, especialmente en las comunidades fronterizas que dependen de ella.
El pronunciamiento también enfatiza los riesgos que la explotación del litio representa para el equilibrio hídrico y la biodiversidad andina. Se advierte que la Ley Minera Nro. 535 permite la intervención en lagunas clave como Blanca, Verde, Colorada y Mamakhumu, hábitats de especies como flamencos, vicuñas y pumas. «Se ha demostrado que las actividades de exploración afectan directamente a la fauna: cualquier incursión ruidosa en estos ecosistemas espanta a las aves, muchas de las cuales abandonan sus nidos», señalan.
Los colectivos exigen transparencia en la gestión del litio y el respeto a los derechos humanos de las comunidades afectadas, garantizando su acceso al agua potable. «El Estado y sus dependencias tienen las mismas obligaciones en materia de derechos humanos, por lo tanto, debe asegurarse el agua primero para la vida», subrayan.
El pronunciamiento está firmado por 29 instituciones, entre las que están Alas Chiquitanas, Colectivo Mujer de Plata, Colectivo Lucha por la Amazonía, Colegio de Ingenieros Ambientales de Potosí, Fundación Jubileo, Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), Plataforma Boliviana contra el Cambio Climático, entre otros.
“Nos pronunciamos, azorados por las posiciones contradictorias de quienes, por un lado, cuestionan la suscripción de los contratos con las transnacionales y, por otro, no muestran una posición firme para la defensa del agua, los humedales y la biodiversidad en medio de la vorágine extractivista”, señalan estas organizaciones.
Lee aquí el pronunciamiento:
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