Foto archivo: Requisa en el penal de Chonchocoro. ANF
La corrupción en las cárceles bolivianas no es un problema reciente ni de solución inmediata.
Así lo advirtió Miguel Sotelo, representante de la Pastoral Penitenciaria de Tarija, quien sostuvo que el sistema penitenciario arrastra «raíces podridas» y funciona como un «cuerpo enfermo» que no puede sanarse de la noche a la mañana, incluso bajo un discurso oficial de tolerancia cero impulsado por el gobierno de Rodrigo Paz Pereira.
Sotelo reconoció que existen señales de cambio, particularmente en el penal de Morros Blancos, en Tarija. Uno de los hechos más relevantes fue el reemplazo de un teniente coronel al que calificó como «muy corrupto» y presuntamente vinculado al narcotráfico, por el mayor Sosa, quien asumió el mando con un plan explícito de tolerancia cero.
«Hay voluntad de sanear el sistema y como pastoral apoyamos ese intento», afirmó en contacto con ANF, aunque advirtió que el desafío es enorme cuando dentro de los penales operan bandas de narcotraficantes que ejercen poder real.
Sin embargo, más allá de los cambios de autoridades, Sotelo identificó problemas estructurales que persisten. Describió a la Policía como una institución dividida internamente, donde una parte importante de sus efectivos forma parte de redes de corrupción difíciles de desarticular. A ello se suma, según denunció, que la administración del Régimen Penitenciario en Tarija continúa en manos de operadores políticos que solo «cambiaron de chaqueta», sin modificar las prácticas de fondo.
El representante de la Pastoral también señaló que la división en el Ejecutivo, con enfrentamientos públicos entre altas autoridades, agrava la gestión penitenciaria y evidencia cómo la corrupción ha permeado distintos niveles del Estado. Para Sotelo, la justicia es
otro eslabón clave del problema: «La corrupción en las cárceles se alimenta de un sistema judicial que funciona como una rosca de gente muy corrupta», sostuvo.
A este panorama se suma una grave crisis humanitaria. En Morros Blancos, alrededor del 70% de los internos consume drogas y el hacinamiento es crítico, con casi 1.500 privados de libertad, muchos de ellos jóvenes obligados a dormir a la intemperie incluso en época de lluvias.
En paralelo, el comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Antonio Sokol Saravia, ha reiterado su compromiso de tolerancia cero frente a la corrupción policial, anunciando controles internos, memorandos y la renovación de liderazgos con un enfoque ético.
No obstante, para Sotelo, estos esfuerzos, aunque necesarios, resultan insuficientes mientras el sistema judicial y administrativo siga operando bajo lógicas de lucro y cuotas políticas.
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